La comisión del Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza, de carácter ético, visita Bolivia en busca de constatar supuestas vulneraciones contra un grupo de indígenas y con su acción busca frenar la construcción de una carretera en una reserva natural, indicó ayer uno de sus miembros.
Su presencia en Bolivia se produjo después de que en noviembre del año pasado, una delegación de dirigentes indígenas que se oponen a la carretera expusieran su caso ante sus miembros durante la celebración de la COP23 en Bonn (Alemania).
Esta instancia no es parte ni de las Naciones Unidas ni de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino que surge «desde la sociedad civil» y se considera un «tribunal ético», explicaron sus miembros.
En rueda de prensa, el integrante de la comisión Alberto Acosta afirmó que mediante un «resultado ético» se buscará que el Gobierno del presidente Evo Morales «corrija y que rectifique» la decisión de construir una vía que atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
«¿Por qué se hace la carretera por el corazón del Tipnis si es que las comunidades estarían en otros lugares?», cuestionó Acosta, que estuvo acompañado por el argentino Enrique Viale y la estadounidense Shannon Biggs.
El Tipnis es una reserva natural de cerca de 1,2 millones de hectáreas en el centro de Bolivia, donde viven unos 14.000 indígenas de las etnias trinitaria-moxeña, yuracaré y chimán, en 69 comunidades dispersas.
El proyecto carretero se enfrentó en 2011 por la resistencia de los indígenas de tierras bajas, que organizaron una gran marcha, desde Trinidad hasta La Paz, que finalizó con una ley promulgada por el presidente Morales orientada a suspender la construcción.
Acosta, que fue candidato a la Presidencia de Ecuador y presidente de la Asamblea Constituyente de ese país, denunció la deforestación, el daño a la biodiversidad y que no se tenga un estudio de impacto ambiental de la carretera.
La delegación inició su labor el jueves pasado con visitas a comunidades que se oponen a la carretera, mientras que el domingo iba a hacerlo con el bloque que está a favor del proyecto.
El domingo, la comisión del Tribunal intentó ingresar al Polígono 7, que es un sector controlado por colonizadores, pero miembros del Consejo Indígena del Sur (Conisur) le impidieron el paso en el puente de Isinuta y tampoco le permitió retirarse desde las 10 de la mañana hasta casi las cuatro de la tarde.
El ecuatoriano destacó que la población indígena que rechaza la carretera los recibió con el «corazón abierto», pero en el Polígono 7 les impidieron ingresar. Cuestionó qué ocultan en ese segundo sector.
Indígenas que apoyan la construcción evitaron que la comisión ingrese a su territorio, bajo el argumento de que no habían solicitado autorización.
El sector a favor de la carretera la considera una necesidad y niega que el Gobierno del país haya vulnerado sus derechos.
Por su parte, los integrantes de la comisión aseguraron que fueron retenidos contra su voluntad por varias horas.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, aseguró que «nadie ha sido secuestrado, en absoluto, no ha habido ningún secuestro».
Carlos Romero afirmó a los medios que la Policía boliviana prestó protección para que abandonaran el lugar a miembros de lo que calificó como una organización no gubernamental «privada», al rechazar que sea un tribunal con «estatus oficial».
Romero: carecen de potestad vinculante y coercitiva
Los integrantes del denominado Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, que se encuentran en el país e intentaron visitar el Polígono 7 del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) admitieron ayer que carecen de la potestad vinculante y coercitiva, y que su nombre es simbólico, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La autoridad gubernamental sostuvo ayer en la tarde una reunión, por más de tres horas, con ese grupo, que dijo no depende de Naciones Unidas (NNUU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que señaló que hubo una mala interpretación en algunos medios de comunicación cuando lo presentaron como un organismo con facultades para juzgar a los Estados.
«Porque no es ningún organismo oficial, ellos lo han reconocido, que no emergen de ninguna instancia oficial a nivel de los Estados, de la región o comunidad internacional, ellos han reconocido que se han autoorganizado para emitir criterios morales referidos a la naturaleza», señaló en conferencia de prensa.
Esa delegación, encabezada por el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, denunció que el fin de semana fue bloqueada, retenida e impedida de ingresar al Polígono 7 del Tipnis.
Romero indicó que esa representación se equivocó porque sus interlocutores son «apócrifos» pues no coordinó con los «verdaderos dirigentes indígenas», quienes en determinado momento se sintieron «agredidos» cuando el grupo pretendió visitar el territorio.
«Les hemos orientado en sentido de que no deben dejarse confundir por seudos representantes indígenas o por aquellos que hablan a nombre de los indígenas», acotó.
El Ministro de Gobierno señaló que en la reunión se explicó a los miembros de esa comisión que a partir del proceso de cambio en Bolivia (2006) hay una ruptura de mediación cultural de la clase media, de ONG, de asesores, de técnicos con relación a los pueblos indígenas, porque ellos piensan por sí mismos y están reconocidos por la Carta Magna.
Consideró que esa representación entendió los avances que se registraron en el país en materia de los pueblos indígenas y señaló que «son voluntarios ambientalistas de buena fe».