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sábado, octubre 1, 2022
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Un año de la crisis humanitaria sin precedentes en Chile que heredará Boric

Un año después de que estallara, la migración irregular en el norte de Chile se proyecta como una profunda crisis humanitaria sin precedentes en el país y uno de los retos más espinosos que el Gobierno saliente de Sebastián Piñera deja en herencia a la administración entrante, liderada por el progresista Gabriel Boric.

El flujo diario de personas migrantes, en su mayoría venezolanos, a través del altiplano boliviano ronda las cifras de otros trágicos éxodos, como la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental.

En Colchane, epicentro de la crisis y a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean los escasos controles extenuadas y ateridas.

«Yo salí hace cuatro meses de Venezuela. Pasé por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y ahora aquí estamos, sobreviviendo (…) Nosotros queremos llegar a Santiago, soy panadero, el muchacho que anda conmigo es electricista, el otro es soldador, muchos queremos trabajar de verdad», dijo a Efe Luis Montillo, de 25 años, mientras se encontraba al interior del campamento de emergencia levantado en Colchane.

Este recinto, con capacidad para 185 personas, ha sido una de las pocas respuestas que el Estado chileno ha dado al nutrido flujo migratorio.

Una respuesta a todas luces insuficiente, denuncian diversas ONG, ya que a día de hoy el promedio de entradas oscila entre los 200 y 400 migrantes.

Un pueblo colapsado

Colchane, con casi 1.600 habitantes, no tiene supermercados, bancos ni alcantarillado, su cobertura telefónica es débil o nula y el servicio de salud primario tiene capacidad para atender poco más de 10 casos al día, con el hospital más cercano a 250 kilómetros en coche por un camino sinuoso y con tramos sin pavimentar.

En los primeros días de febrero de 2021, la llegada de unos 1.500 inmigrantes amenazó con desbordar la infraestructura comunal al doblar su población, el primer gran aviso de una crisis humanitaria que se extiende hasta hoy.

Emplazado entre montañas multicolores y la imponente tundra del altiplano, el clima es hostil, con fuertes ráfagas de viento durante los días calurosos y temperaturas bajo cero grados durante la noche, un escenario extremo para personas pertrechadas con un par de mochilas, camisetas delgadas y a veces sandalias por calzado, tras una caminata de meses y hambre de días acumulada.

Quienes quedan fuera -jóvenes, mujeres y niños- pernoctan en espacios públicos como plazas, paraderos o contenedores abandonados junto a la aduana, a la espera de lograr un cupo en el campamento para inmigrantes, lugar desde donde son luego trasladados a Iquique, en la costa chilena.

«Hasta que el país resista»

Hace tres años, Piñera participó junto a su par colombiano en un evento en Cúcuta, en la frontera de Venezuela, en el que criticó al régimen de Nicolás Maduro y aseguró que Chile seguiría recibiendo venezolanos, palabras que según expertos pudieron operar como «efecto llamada».

En julio de ese mismo año, y ante el notorio aumento de migración hacia Chile, su ministra vocera, Cecilia Pérez, afirmó que se seguirían recibiendo ciudadanos venezolanos «hasta que el país resista», declaraciones cuestionadas por la oposición.

La migración irregular no era un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021 la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanas, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM).

Crisis latinoamericana

Sin precedentes en el cono sur, la magnitud del éxodo venezolano no ha servido tampoco para abrir una vía de cooperación entre los Estados involucrados pese a que todos son golpeados indistintamente por la ola migratoria.

Un problema que necesita de esa coordinación internacional latinoamericana insiste la presidenta del directorio del SJM, Macarena Rodríguez, para quien constituye el principal desafío en la materia para el próximo Gobierno chileno.

«La manera responsable de hacerse cargo y a la que llama precisamente el Pacto Global de Migraciones es la corresponsabilidad de los Estados. Es decir, asumir entre todos los países de la región que es un fenómeno que nos sobrepasa y la única manera que tenemos de hacernos cargo es la cooperación, cada uno en los roles y posibilidades que tiene», afirmó Rodríguez a Efe.

El segundo es la inseguridad y la xenofobia, que ha llevado a los habitantes de la región a acusar a los migrantes del incremento de los delitos y a protestas a las que el Gobierno saliente ha respondido con militarización de la frontera y una nueva ley migratoria puesta en vigor este febrero que incluye las criticadas «devoluciones en caliente», otra espina que deberá lidiar el gabinete de Boric.

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