Elaboración de una nueva ley orgánica de la Policía, reestructuración total bajo iniciativa de la Asamblea Legislativa, entre otras sugerencias se encuentran en discusión como consecuencia de la situación actual de la institución del orden, que ya no se la puede ignorar, dejando pasar hechos que, en otras circunstancias, hubiesen motivado la intervención por parte del gobierno, que ha dado muchas oportunidad para que la Policía, por su propia cuenta y en forma interna, busque su depuración y el encausamiento de sus miembros a las normas legales.
La cadena de transgresiones, que va desde graves delitos hasta infracciones e incumplimiento de normas, pasando por corrupción, ha sembrado un estigma en la Policía que será difícil revertir, más aún cuando estos hechos ya trascienden el ámbito nacional y comprometen internacionalmente al país. La urgencia de una solución integral ya rebasa el marco interno policial.
De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, sostuvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra preocupada por el deterioro en la imagen de la Policía Boliviana. Este fue uno de los temas que se trató en una reunión de la bancada oficialista con vicepresidente Álvaro García Linera. Recordemos que solamente en lo que va del mes de marzo, ha salido la luz pública una serie de hechos de la mayor gravedad, que se suman a los centenares de denuncias y procesos judiciales que rara vez acaban en sentencia.
En las dos últimas semanas, al menos 30 funcionarios policiales que incluyendo a generales y soldados rasos, fueron denunciados por una serie de delitos, entre ellos violación sexual, contrabando, muertes, transgresiones a los derechos humanos y otros. Lo peor es que las máximas autoridades policiales intentan minimizar la gravedad, señalando que se trata de casos aislados. Sin duda que los delitos y faltas son responsabilidad personal de quien las comete y no de una institución. Pero cuando estos hechos son tan frecuentes e impunes, lo menos que puede considerarse es que algo está muy mal. La recurrencia es alarmante y como ejemplos recientes destaca el escándalo de una presunta red de protección al contrabando compuesta por policías y civiles, por el que son investigados el excomandante departamental de la Policía en Oruro, Rommel Raña, y el excomandante nacional Faustino Mendoza.
El senador Yerko Núñez informó que, a raíz de la denuncia de violación en la carceleta de Rurrenabaque, en Beni, recibió cinco denuncias más de privadas de libertad que están recluidas en penales de La Paz y Santa Cruz. Uno de los casos de mayor preocupación es el presunto asesinato de dos ciudadanos chilenos en la frontera, por el que cinco policías fueron detenidos, inicialmente acusados por robo agravado, asociación delictuosa, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, pero que se amplió en base a las indagaciones. Informes publicados por diferentes medios afirman que hay un testigo clave que reveló que policías bolivianos trabajaban con uno de los contrabandistas chilenos muertos, en la venta de vehículos robados.
Probablemente ya nadie en este momento puede creer que se deba seguir esperando que un milagro salve a la policía. Es necesaria una urgente acción del Órgano Ejecutivo y del Legislativo para crear o restablecer una nueva institución policial completamente depurada, jerarquizada, preservada de la influencia del poder político partidista, y respetuosa de la Constitución Política del Estado, ley de leyes que manda que la institución «no delibera ni participa en acción política partidaria…»
Resulta preocupante la frecuencia con la que oficiales de diferente grado se ven involucrados en hechos delictivos e irregularidades, sin que se defina la restructuración, depuración y reorientación de la institución policial en el marco del mandato constitucional, y aplicación de la Ley Orgánica sectorial, que entre otros mandatos, determinan que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, y es el brazo coercitivo para hacer cumplir las leyes.