El quebradizo ambiente electoral mantiene la incertidumbre por hechos y circunstancias que hacen que de un momento a otro cambien las perspectivas.
Se trata de la falta de información de parte del TSE sobre candidatos que aún no están legalmente habilitados toda vez que está pendiente de Resolución solicitudes de inhabilitación de algunos inscritos y de la anulación de personalidad jurídica de una sigla.
Por otra parte, la disolución de la agrupación «Juntos» dio un remesón al escenario electoral aumentando el número de indecisos -que ya era muy alto- ocasionando un nuevo dilema al electorado, que obliga a meditar sobre los efectos directos y secundarios de su decisión al ir a las urnas, porque de su voto depende el futuro del país.
El pueblo está consciente que una decisión equivocada puede generar un resultado catastrófico para el país, para la democracia y para los derechos y libertades.
En algunos casos, elegir por una u otra opción, puede determinar resultados contrarios a lo que desea el ciudadano, ya que, por ejemplo, el voto nulo o pifiado puede beneficiar al candidato que se perfile como primero. En este ambiente, un alto porcentaje de los electores espera casi hasta el último momento para decidirse por alguna fórmula o candidato, esa situación deja un escenario político incierto mucho más con la pandemia que lo trastocó todo.
El efecto de este estado de incertidumbre e indefiniciones, genera por lo menos dos principales consecuencias, una de ellas de mucho riesgo y de negativas consecuencias.
¿En qué queda las peticiones de inhabilitación de determinados candidatos y de la personalidad jurídica del MAS?
En ausencia de la comunicación legal, oportuna, las redes sociales están jugando un rol de incertidumbre, abriendo canales de información de ida y vuelta, con mensajes, en algunos casos, sin sustento objetivo ni comprobación sobre su veracidad. Por ello, en eventualidades como las actuales, resulta oportuno y valioso el recurso de la meditación y el análisis, es decir, la evaluación personal del elector de las consecuencias de la decisión que se va a tomar, peor si no sabe qué candidatos están legalmente habilitados.
Es necesario que el TSE emita Resoluciones pendientes y no trate de lavarse las manos como Pilatos, rehuyendo su misión como Órgano independiente.
Al permitir que prosiga las actividades proselitistas, y de llevarse a cabo las elecciones del 18 de octubre, surgirían graves consecuencias, porque unos y otros, que se sientan perdedores, objetaran que alguno (s) que participaron como candidatos no estaban habilitados y que la culpa es del TSE.
La forma irregular en la que actúan muchos políticos, hace que la gente se decepcione y prefiera abstenerse, es también un derecho, aunque en nuestro país concurrir a sufragar es una obligación constitucional.
Lo más importante es comprender que la consecuencia de no votar significa ceder nuestro derecho, y dejar que se imponga la voluntad de otros.
Por ello insistimos en la necesidad de que el TSE emita resoluciones oportunas y no deliberadamente «consultar» al Órgano Judicial (TCP) sobre acciones que estrictamente le compete.
Una persona que vota sin estar debidamente informada y sin convicción pierde su libertad, su albedrío, y no puede considerarse libre si cede a las imposiciones y manipulaciones.
Los procesos electorales tienen que ser aprovechados por el ciudadano como una oportunidad para tomar parte activa de lo que se hace y decide en el país, y para ejercer el derecho de hacerse escuchar y hacer valer su opinión y su voluntad, por eso debe exigir se cumpla con todos los requisitos que señala la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral.
Votar significa decidir libremente, es decir que nadie interfiera al expresar su voluntad.
Es de desear que en las elecciones del próximo mes la ciudadanía, bien informada por el TSE, haga uso del voto reflexivo, de manera que su voluntad refleje protección al futuro de sus hijos, de su familia y del destino nacional, un voto consciente que hará posible que Bolivia asuma su rol por voluntad de la gente y no por las componendas políticas, consignas partidarias, intereses personales o de otra índole que inclusive están ligados a compromisos de injerencia en asuntos internos de nuestra Patria.