La situación política de quienes postulan a las gobernaciones y alcaldías es sui generis por cuanto no está permitido las concentraciones de poblaciones menos accionar con el traslado de una población a otra a los electores, todo por la pandemia, por la inseguridad ciudadana y además que es ilícito.
Surge la interrogante ¿cuándo harán conocer propuestas los candidatos?
No basta con militar en un partido determinado, lo que ocurre tanto en el MAS como en los que se llaman de oposición, es de expectativa, están divididos y van corriente arriba por cuanto el centralismo los dejará sin aliento a la hora de la discusión de presupuestos anuales.
A partir de octubre de 2019 existen corrientes internas, en cada organización partidaria, para que haya renovación de sus cuadros dirigenciales, sean de caudillos, caciques, o jefes vitalicios, rechazan el dedazo, piden dar paso a nuevas generaciones y la «jubilación» de los antes mencionados.
Es «inconcebible que prosigan aspirando» quedarse en la administración pública los «antiguos» que estuvieron disfrutando de las canonjías del poder político durante catorce años, con funestas consecuencias que ahora toca enfrentar a los bolivianos.
Se gastó en canchitas, en festivales, en viajes al exterior en calidad de turistas de muchos que se decían dignatarios de Estado, acompañados de sus alcaldes aliados. Al presente la ciudadanía esta inerte, ante la anunciada mutación del coronavirus que desorienta a investigadores y científicos que intentan asimilar el comportamiento de las cepas que, según informaciones del exterior, muta en forma permanente y puede contagiar a millones de personas.
Los candidatos a las alcaldías, deben priorizar la atención de la salud y hacer conocer qué medidas preventivas determinarán en forma inmediata, además anunciar, en el caso del municipio de la ciudad de La Paz, si se efectuará auditoria económica administrativa jurídica legal de las gestiones de Juan del Granado y Luis Revilla Herrero toda vez que surgen varias interrogantes y denuncias, varias de ellas del exconcejal y exalcalde Omar Rocha, de profesión abogado, mismas que hasta la fechas no fueron aclaradas menos desmentidas por dichos actores.
En lo administrativo es una draconiana medida haber incrementado impuesto a la transferencia de inmuebles ocasionando que muchísimas personas que requieren de viviendas, de departamentos en propiedad horizontal, se vean en la triste situación de pedir préstamos bancarios que les significa intereses leoninos por las sumas que se añade del 3% por transferencia lo cual constituye, como señalamos, un atentado contra la economía de los ciudadanos en general.
De otra parte, deben pronunciarse sobre los riesgos que significa se prosiga aumentando los volúmenes de aguas servidas al rio Choqueyapu, por parte de cientos de habitantes de edificios que requieren hacerlo y las soluciones.
Así mismo Revilla debe dar a conocer cuánto de dinero se prestó de la Corporación Andina de Fomento, con el aval de quién y por qué del Estado, si son obras del gobierno autónomo de La ciudad de La Paz.
Qué otros millonarios créditos se obtuvieron para «barrios de verdad» que no tienen instalación de alcantarillado, sanitarios, sobre todo en las denominadas periféricas, que en época de lluvias constituyen serio peligro de derrumbes afectando a quienes están en las partes bajas.
En fin, no se trata que por figurar los politiqueros intenten contar con la aquiescencia del Tribunal Supremo Electoral, que no muestra ser un Órgano independiente y que fue constituido por parientes y familiares de Oscar Ortiz Jeanine Añez y de miembros del MAS.
Se denunció que los Alcaldes de esta ciudad, no presentaron, en cada gestión anual, informes públicos al Concejo Municipal menos a la Asamblea Legislativa sobre el manejo de la cosa pública, del dinero recaudado en forma mensual por impuestos, licencias de funcionamiento, de transferencias, parqueos, multas, hasta la fecha es una incógnita que merece se aclare.
Luis Revilla tiene doble responsabilidad porque fue presidente del Concejo municipal durante la gestión de Juan del Granado y luego Alcalde, sin haber efectuado labores de fiscalización a las gestiones citadas incurriendo en atentado económico contra el municipio y los contribuyentes como el caso del pago de indemnización a la familia del señor Brun, que salió de los impuestos, cuando era responsabilidad total de quien sin haberse cumplido requisitos legales, ordenó la demolición de su propiedad ubicada en Següencoma, como señala en sus diferentes memoriales, el citado ciudadano.
Quienes sean beneficiados con el voto tienen el deber de iniciar, luego de su posesión, auditorias económica jurídicas y lograr se devuelvan millones de dineros que «fueron malversados», según el exalcalde Omar Rocha.