La cultura boliviana tiene arraigado el principio de respeto y dignidad hacia las personas fallecidas. Las costumbres religiosas y las tradiciones autóctonas, tanto en la región de los Andes como en los valles y tierras bajas, tienen en común el respeto y la dignidad para los restos de las personas que dejan este mundo. Pero la forma como se trató a los restos de las víctimas por la caída de un puente en Beni, tiene que preocupar a todos. El presidente de la subcentral indígena movima, Miguel Reo Mendoza, encabezó una visita al cementerio covid-19 de Santa Ana del Yacuma, donde fueron enterrados, en fosas comunes, a ocho indígenas t’simanes. Las demandas de explicaciones se alzan entre los pobladores, quienes denunciaron el tratamiento inhumano y desconsiderado hacia las víctimas. ¿Acaso los indígenas del oriente no tienen los mismos derechos que otros?
La tragedia y el desamparo se entrelazaron en un acto que conmocionó a la comunidad en general, de acuerdo a lo que describió la red televisiva UNO. Ocho cuerpos de indígenas t’simanes, víctimas del fatídico colapso del puente Rapulo, fueron sepultados en tres fosas comunes, sin ataúdes ni la solemnidad debida. Erica Kari, Ana Pache Saravia, Nelson Vie Cuata, Aneida Vie Pache, Dilsia Vie Pache (de aproximadamente 8 años), Sonia Vie Pache (de 15 años), Sandalio Caiti Pache (de 28 años) y Yail Caiti Cari (de 2 años), son los nombres que seguramente quedarán en memoria colectiva, recordando esta tragedia, y la forma como fueron tratados los restos de los indígenas fallecidos.
La Fiscalía Departamental del Beni inició una investigación de oficio, centrada en el delito de Homicidio Culposo, con el fin de arrojar luz sobre las causas del fatídico suceso que arrebató vidas y dejó a varios heridos tras el desplome del puente del río Rapulo el pasado martes 5 de junio. Las primeras pesquisas apuntan hacia el colapso estructural del puente, agravado por el tránsito de un camión cargado, que, sumado a los daños preexistentes, desencadenó la tragedia. En búsqueda de respuestas, Miguel Reo Mendoza ha anunciado la convocatoria a reuniones con autoridades municipales y del Ministerio Público, demandando esclarecimiento y justicia para las víctimas y sus familias.
La Defensoría del Pueblo intervino para que los dos indígenas t’simanes que sobrevivieron a la caída del puente Rapulo, reciban una atención integral y puedan retornar a su comunidad. Según el delegado Departamental Defensorial, Alberto Condori, gestionó la atención de los dos jóvenes que salieron con vida de este lugar y se encontraban sumamente afectados, «asimismo se exhortó a que se brinde la atención integral, incluso contactando a otros familiares», según el funcionario. El miércoles, el puente Rapulo se desmoronó y atrapó a la familia del corregidor de la comunidad Turindi del pueblo indígena t’simane, Nelson Vie Cuata, 8 de los 10 que se encontraban descansando debajo del puente, fallecieron. Condori dijo que acompañará la investigación penal que abrió el Ministerio Público para que se desarrolle respetando el debido proceso y el cumplimiento de los plazos procesales bajo el principio de objetividad.
En ese sentido, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, señaló que las personas que sobrevivieron aún estaban recibiendo atención y se encontraban en observación, dos de ellas recibieron el alta médica. Por otra parte, dijo que se restableció la circulación de forma provisional y se espera que se acuerde una reunión con las autoridades para solicitar la atención de las entidades del gobierno nacional, ante la declaratoria de emergencia que dispuso el municipio.
Las normas nacionales prevén protocolos para el tratamiento de las personas fallecidas, y lo que pasó en este caso merece una investigación que implique la reparación de daños materiales y personales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, considera que los cuerpos de las personas que mueren en desastres, accidentes u otros hechos trágicos, deben recibir un trato respetuoso y digno. Los restos de las personas desconocidas deben ser identificados. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional y en las leyes nacionales respecto de la gestión de los cadáveres, constituye una falta de respeto hacia la persona fallecida y hacia los derechos y necesidades de sus familiares, y prolongan el sufrimiento de estos.
El derecho internacional humanitario (DIH) exige que los restos de las personas muertas durante deben ser gestionados apropiadamente y tratados con dignidad. Establece también que los restos de los fallecidos sean buscados, recogidos y evacuados, para ayudar a evitar que las personas sean dadas por desaparecidas. Otras ramas del derecho internacional, como los derechos humanos y el derecho internacional relativo a la respuesta en casos de desastre, contienen disposiciones encaminadas a velar por que se dé a los muertos un trato apropiado y se proteja su dignidad. Contienen asimismo normas cuyo objetivo es averiguar lo acaecido.