Los trabajadores de los medios de comunicación recuerdan hoy el Día del Periodista en nuestro país, pero la mayoría coincide en que no hay mucho que celebrar debido a una serie de circunstancias adversas que tienen que ver con el cierre de fuentes de trabajo, un ambiente hostil en el que de diversas formas se limita el derecho del pueblo a estar bien informado y se restringe el fundamental derecho de todos a la libertad de expresión. Se ha cerrado el acceso a la información sobre el manejo de la administración estatal, olvidando que la Constitución Política del Estado, determina acatar el principio de transparencia, como fundamento de la responsabilidad de las autoridades en la función pública. El Día del periodista fue instituido para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión tras un funesto suceso en el que el 10 de mayo de 1865, Mariano Melgarejo mandó ejecutar al periodista Cirilo Barragán por un artículo que molestó a su dictadura.
Posteriormente, 1938, el presidente Germán Busch decretó el Día del Periodista, recordando el luctuoso hecho y reconociendo algunos derechos sociales al gremio. Mediante Decreto Supremo reivindicó los derechos de los trabajadores de la prensa relacionados al seguro de salud y otros beneficios sociales, considerando a los periodistas como impulsores de la cultura del progreso colectivo. Lamentablemente, a lo largo de la turbulenta historia nacional, no siempre se ha respetado la libertad de expresión ni la labor de informar en libertad. En la actualidad la mayoría de los políticos que llegan al poder ven a la prensa como «el principal enemigo», porque en los medios de comunicación independientes, en las páginas de los periódicos, en las voces de las radioemisoras, en las imágenes de la televisión, y en los megabytes de las redes sociales, día a día se revelan los alcances de la corrupción, se desenmascara al narcotráfico, se denuncia el abuso de poder, se defiende el respeto al ordenamiento legal, se busca preservar la democracia, y, fundamentalmente, se busca desvelar la verdad, frente a las falsedades de la propaganda política y las diversas formas de ocultar el manejo de los recursos de todos los bolivianos.
Según el ranking mundial que elabora la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Bolivia se encuentra entre los países con mayores ataques al trabajo de los periodistas. Esta institución elabora una clasificación anual por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo. De acuerdo a ese trabajo de investigación nuestro país descendió del lugar 124 al 117 entre 2023 y 2024, en una clasificación que evalúa a 180 países, y califica a Bolivia en «situación muy difícil» en cuanto a las condiciones de la libertad de prensa. El informe señala que «en Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales, atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la Policía», señala el informe de RSF.
Así mismo, El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Bolivia recibió denuncias sobre la distribución con sesgo político de la publicidad estatal entre los medios de comunicación, por lo cual recomendó «adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado».
En el documento, la CIDH señala que, según las denuncias, «el monto de publicidad asignado por el Estado sería mayoritariamente destinado a medios de comunicación que el gobierno consideraría afines a sus pautas ideológicas». Además, la Comisión reportó denuncias de que «la asignación de pauta oficial se usa como premio o castigo según las líneas editoriales, lo que es considerado una forma de censura indirecta al ejercicio de la libertad de expresión». En ese marco, la CIDH animó al Estado Boliviano a debatir una ley que establezca reglas claras y precisas; el otorgamiento de publicidad de acuerdo con objetivos legítimos; mecanismos de contratación abiertos y no discriminatorios; y la creación de mecanismos que permitan el control externo de la asignación publicitaria.
Pero al margen de la necesidad de evitar la discriminación publicitaria, priman otros factores en la relación de los medios de comunicación con los gobiernos, tanto el nacional, como los departamentales y municipales, que tienen que ver con la necesidad de que se transparente la información relacionada a la administración pública. Es necesario que se eliminen las trabas de acceso directo a las fuentes de información y que se respeten los principios de la libertad de expresión.