El presidente Luis Arce acusó a la oposición de sabotear la economía, y buscar la desestabilización. En varias oportunidades el gobierno y algunos funcionarios han hecho referencia a acciones que perjudican a la administración del Estado, especialmente, como consecuencia de los créditos paralizados en la Asamblea Legislativa. Pero es de conocimiento público el porqué de esa situación, que se ha generado por los desacuerdos y división interna del partido de gobierno, y puntualmente, como respuesta a las acciones del gobierno de evitar que sea revocada la auto prórroga de las autoridades judiciales. Pero si hay otros hechos en relación a daños hacia la gestión gubernamental, deberían ser aclarados, fundamentados, explicados y encausados conforme a las normas legales. El presidente Luis Arce acusó a la «nueva derecha» de pretender desestabilizar a su Gobierno.
El mandatario aseguró que desde que llegó a la presidencia, la oposición intentó «conspirar» contra su administración. «A ese accionar de la derecha tradicional, se ha sumado la nueva derecha que quiere desestabilizarnos, generar movilizaciones para cumplir ambiciones de una sola persona. También afirmó que se vive una «guerra híbrida» donde personas que fueron aliadas se volvieron funcionales a la estrategia de la «derecha» para sabotear la economía, y buscar el «bloqueo» económico desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Lo cierto y lamentable, es que la economía nacional pasa por un momento muy complicado, pero que nada tiene que ver con la coyuntura actual. Se trata de la mala administración que dilapidó los recursos nacionales, y embarcó al país en la deuda externa más alta de toda la historia nacional, y como si eso fuese poco, todavía se pretende seguir endeudando a los bolivianos. La economía del país debería figurar entre las tareas fundamentales de todo gobierno, con énfasis en la responsabilidad en el manejo de lo que es de todos los ciudadanos. Pero, los recursos del país son malgastados, la corrupción casi siempre queda impune y es evidente la irresponsabilidad en el manejo del patrimonio nacional, pese a que la Constitución Política del Estado señala las atribuciones y responsabilidades del Órgano Ejecutivo. Tanto el gobierno central como los departamentales y los municipios, están en obligación de consultar a la ciudadanía sobre el manejo de los bienes estatales, pero eso casi nunca ocurre, con excepción de algunos pequeños municipios. El Artículo 316 de la CPE determina que «La función del Estado en la economía consiste en: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales…»
Analistas económicos, organismos internacionales, entidades calificadoras de la capacidad crediticia, empresarios y otras instituciones de la sociedad, han observado las debilidades de la economía de nuestro país, y han exhortado a actuar sobre bases sólidas y la realidad. Por ejemplo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), expresó su preocupación por la situación actual. Jean Pierre Antelo, presidente de esa institución, se pronunció en un video exhortando a que el gobierno diga la verdad. «Si queremos hablar de la generación de empleo y desarrollo, tenemos obligación de hablarle al país de la única manera que hoy se puede hacer; con la verdad, sin narrativas, ni medias verdades. Hemos escuchado relatos de un lado y de otro, películas que no existen, discursos pensados para llegar a 12 millones de votantes y no de personas, pero la realidad no se puede esconder», afirmó Antelo.
Aseguró que la «crisis se está desbordando», ya que más allá de los indicadores, puso de ejemplo casos de la gente que vive día a día, como el vecino que busca dólares y los encuentra a un tipo cambio que no tiene nada que ver con el oficial, o la señora que no puede acceder a sus propios ahorros en dólares «porque se gastaron las divisas». «(Hay) empresarios desesperados que no pueden comprar insumos para producir porque no hay dólares. Estos son hechos que hablan por sí mismos. La industria del gas ya no existe. ¿En cuánto tiempo nos quedaremos sin energía eléctrica? La esperanza de litio se está desmoronando y esto significa menos dólares para el país», agregó. También apuntó que el déficit fiscal pone en riesgo la estabilidad y futuro del país, ya que no se puede gastar más de lo que se produce «y todo esto es culpa de malas políticas».
Otro analista y alto funcionario del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, planteó al presidente Luis Arce, acercarse al sector privado si es que cree que lo están boicoteando desde sectores políticos. Para Rodríguez, el país necesita un golpe de timón con urgencia porque los indicadores económicos no son los mejores, en un escenario donde faltan dólares, el Gobierno habla de crecer más y de industrializar para sustituir las importaciones. Dijo que el gobierno se olvidó «del principal actor de desarrollo como es el empresario, micro, pequeño o gran empresario». Rodríguez también señaló que no es tarde para el golpe de timón.