La confianza es algo que se logra mediante la constante actitud positiva de cumplimiento, respeto y rectitud en los actos. Es la capacidad de creer en los demás y en nosotros. Es la sensación de tener certidumbre en algo o alguien. Las instituciones merecen confianza en virtud a las actuaciones y conducta de las personas que la componen.
La confianza se pierde al romper esa relación de credibilidad entre lo que se dice y se hace. Lamentablemente, por actuados de algunos operadores del Órgano Judicial, se ha perdido esa calidad por una recurrente conducta irreverente con la Ley, la verdad y los preceptos fundamentales, en los que se basa la justicia.
Algunas veces, el historial de conducta tiene un peso que inclina cualquier intento de imparcialidad.
El pedagogo y letrado en ciencias políticas y jurídicas Dr. Pantaleón Dalence, expresidente de la Corte Suprema de Justicia afirmó: «La única servidumbre que no mancha, es la servidumbre a la Ley».
Por ello los actuales operadores del Órgano Judicial deben atender con prontitud, objetividad y transparencia los diversos juicios contra Evo Morales, García Linera y funcionarios del régimen del MAS, sobre los que pesan sindicaciones de presuntos actos de corrupción, violación a los derechos humanos, transgresión a la Constitución Política del Estado, fraude electoral y otros, además de los presuntos actos de corrupción cometidos en la actual gestión del gobierno de transición.
En esa línea de hechos, efectos y consecuencias, se advierte que existe conflictiva relación entre el Órgano Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con roces permanentes.
Los magistrados se quejaron de intromisión del gobierno por algunas observaciones efectuadas a sus actuaciones. Recordemos que durante el gobierno de Evo Morales los ex ministros de Justicia y de Gobierno tenían injerencia en el Órgano Judicial y no hubo reclamo de los magistrados.
La mala coordinación entre Órganos ha derivado en acciones judiciales. Miembros de la Asamblea Legislativa interpusieron denuncias contra funcionarios del gobierno por la compra de gases lacrimógenos con supuesto sobreprecio; hay denuncias del Ejecutivo contra la ALP por frenar ascensos en las FF.AA. y obstrucción a que lleguen insumos y recursos económicos para luchar contra la pandemia COVID-19. El gobierno, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional recurso de inconstitucionalidad a la aprobación del proyecto de Ley en el senado respecto de Estados de Excepción.
Con los antecedentes que existen, es preciso que los administradores de justicia traten con equidad, oportunidad, probidad, transparencia, acciones muy graves que han indignado a todo el país y que permanecen sin cauce de esclarecimiento.