El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, admitió la denuncia en contra del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa Ponce y otras autoridades con quienes hubiera actuado en complicidad para acceder a su designación como primera autoridad del Ministerio Público, informó el abogado denunciante Cristhian Mina.
«Hemos tenido la grata sorpresa el viernes de la anterior semana de ser notificados en sentido de que nuestra denuncia ha sido admitida por el Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, bajo el criterio de que existen no solo indicios, sino pruebas de que el Fiscal General Juan Lanchipa Ponce habría utilizado recursos humanos y medios informáticos para ser favorecido mediante dos fallos, primero por una Sala Penal y luego por el Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de que se le anule un proceso para que se le retenga una imputación que en ese momento no le permitía ser candidato para asumir las funciones de Fiscal General», dijo Mina.
El abogado afirmó que solicitó al Viceministerio de Transparencia que el caso sea reabierto y juzgado por la vía penal ordinaria y no así en un juicio de responsabilidades.
La denuncia admitida por el viceministerio de Justicia no solo involucra al Fiscal General, sino también a Adriana Salvatierra como expresidenta de la Comisión de Constitución; Carlos Alberto Calderón y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; Anrriela Salazar, Felix Pacoricona, Rina Padilla, Edgar Miranda Quisberth, funcionarios del Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz; Víctor Guaqui y Ana María Villagomez, vocales del Tribunal de Justicia Departamental.
La denuncia a la que se refiere Mina fue presentada el 11 de febrero de 2020 primero ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, donde no progresó, ante esa situación los abogados Cristhian Mina y Jorge Valda acudieron al Viceministerio de Transparencia.
«Presentamos la denuncia ante el Viceministerio de Transparencia a efecto de que ellos tengan conocimiento en relación a un fraude que se ha realizado para la elección del Fiscal General del Estado», precisó Mina.
El informe jurídico por el cual ha sido admitida esta denuncia se encuentra en etapa de recopilación de la información solicitada a diferentes instituciones relacionadas a las supuestas irregularidades.
El abogado Cristhian Mina comentó que asambleístas nacionales de La Paz y Cochabamba, quienes se consideran víctimas del supuesto fraude, se apersonarán como codenunciantes para respaldar la denuncia contra la primera autoridad del Ministerio Público.