La expresidenta interina Jeanine Áñez se negó este viernes a continuar en una audiencia cautelar virtual por el caso de una designación supuestamente ilegal en una empresa estatal durante su Gobierno, en protesta porque se desconoció su mandato transitorio y se le negó un juicio de responsabilidades.
La audiencia correspondía al proceso iniciado por el Gobierno de Luis Arce por la designación supuestamente irregular que efectuó Áñez en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
«En mi calidad de expresidenta constitucional de Bolivia, violentada en todos mis derechos por el régimen del MAS (el Movimiento al Socialismo) y sus operadores políticos, fiscales y judiciales que son ustedes, dispenso y prescindo en este proceso de EBA, 2743, de mis tres abogados que son de mi confianza», sostuvo Áñez en su intervención.
Dirigiéndose a los operadores que la acusan y procesan, dijo que «no son tribunal competente para procesar a una exmandataria», a la que le corresponde un juicio de responsabilidades, y recordó que «hasta un dictador tuvo debido proceso», en alusión al fallecido Luis García Meza (1980-1981).
Áñez cuestionó que se haya desconocido el mandato que asumió en 2019 tras la renuncia de Evo Morales «para pacificar al país» mientras las autoridades del MAS «se escondieron y taparon el fraude electoral, el vacío de poder, el abandono de funciones y la fuga de su jefazo», aludiendo al expresidente.
El oficialismo señala que en 2019 se produjo un «golpe de Estado» en contra de Evo Morales y la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
«Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesada en juicio de responsabilidades», expresó.
«Ustedes hagan lo que quieran. Pueden darme pena de muerte si quieren, o pueden darme cadena perpetua si quieren, que aunque no están en el ordenamiento jurídico, por agradar a sus jefes políticos ustedes lo pueden hacer y háganlo, pero ya basta. A mí, déjenme en paz», agregó.
También cuestionó que los abogados y fiscales que la acusan no muestren sus rostros en las audiencias virtuales y criticó que la Justicia permita que hasta cinco funcionarios públicos «aparenten ser diferentes partes» cuando, a su juicio, todos pertenecen al oficialismo y ejecutan en su contra un «linchamiento con apariencia de legalidad».
Finalmente, en ausencia de Áñez y pese a que la exmandataria renunció a tener abogados, el juez Heber Torrejón dispuso su detención preventiva por cuatro meses.
Áñez, recluida en La Paz desde marzo de 2021, fue sentenciada en junio pasado a diez años de prisión en el caso «golpe de Estado II» por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por la forma en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Morales y de las demás autoridades que le seguían.
Inicialmente fue detenida bajo el proceso «golpe de Estado I» en el que se la acusa de terrorismo y por el que hace unos días también fue encarcelado el gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Además, en el Parlamento residen varias acusaciones no resueltas, la más importante por la muerte de más de una veintena de civiles en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata en 2019.