Lo lamentable es que un partido que ejerció el poder durante 14 años, que no se preocupó de construir hospitales ni dotar de los más mínimos elementos de bioseguridad para posibles infecciones, como es el caso del coronavirus, al presente por instrucciones que se dictan desde Argentina por un refugiado político, se dé a la tarea de instruir que sus militantes, entre ellos de la Asamblea Legislativa, obstaculicen las medidas de previsión y de cuarentena que se dictó para resguardar la salud pública.
Esta claro, que la alarma mundial se expandió en todo el planeta, Bolivia y Argentina no fueron la excepción. Ante la pandemia que afecta y genera preocupación e incertidumbre, el gobierno adoptó decisiones que se las debe acatar y que no requiere de aprobación de la Asamblea Legislativa, como la medida de excepción de estado de sitio o de encapsulamiento de espacios de territorio, impuesto en Montero o Patacamaya y que se puede adoptar en otros departamentos.
Por ello en todas las redes sociales se pide se «cierre el legislativo, el parlamento» no se los requiere para nada, visto que la pandemia no se combate con minutas de comunicación, aprobación en la asamblea, o promulgación por la presidenta, pues el coronavirus es de mutación permanente, como señalan científicos, por tanto al no ser de necesidad imperiosa los diputados y senadores, resulta incomprensible que un Órgano autónomo como es el Tribunal Supremo Electoral, luego de ser posesionados sus miembros, hayan fijado un calendario electoral, luego suspendido por fuerza mayor ante la pandemia, hasta que se sepa qué medidas al respecto adoptara el Órgano Ejecutivo, pero que su competencia quedó intacta para fijar otra fecha, hubiera «pedido que se dicte una nueva ley» sin que sea necesario la aprobación por el legislativo.
Por tanto, la petición de «cerrar el parlamento», que se advierte en todas las redes sociales, significa que ante la pandemia del coronavirus todo el presupuesto que tiene asignado la ALP pase a favorecer a las personas más necesitadas y de otro el TSE, cuando así sea conveniente al interés nacional, fije nueva fecha para elecciones presidenciales.