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domingo, septiembre 26, 2021
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Bolivia debe hacer «énfasis» en raíces estructurales de la violencia machista

Los casos de feminicidio en Bolivia van en aumento y ya suman 70 en lo que va de este año, una problemática que para organizaciones como la Coordinadora de la Mujer es por la «debilidad» en las acciones de prevención y por la normalización de elementos como el alcohol y los celos para justificar la violencia machista.

El promedio de víctimas de violencia machista, casi 10 por cada mes desde el 1 enero al 31 de julio, es preocupante para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, en un país con una población de 11,2 millones de personas.

La directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, dijo en una entrevista con Efe que uno de los aspectos que se «han identificado como débil en la política pública tiene que ver con las acciones de prevención» para contener la violencia machista.

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal dio a conocer este lunes que en Bolivia se han registrado este año 70 feminicidios y señaló que entre las «causas o motivos» está «el consumo de alcohol» y «los celos» por parte de los agresores.

Para Novillo, «la violencia contra las mujeres responde a una estructura machista, la raíz de fondo tiene que ver con una serie de actitudes que son asumidas por los hombres en una sociedad machista».

Parte de eso «tiene que ver con un sentimiento de adueñidad, del que hablan algunas feministas, y que «tiene que ver con que los hombres creen que son dueños de las vidas de las mujeres», explicó.

En ese sentido, «hay una relación desigual de poder que tiene que ser analizada desde esa perspectiva y no desde una explicación un poco simplona en sentido de que es producto del alcohol» o por celos.

El consumo de alcohol o los celos son elementos que son utilizados «como justificativos de la violencia y más bien hay que hacer énfasis en las raíces estructurales de la violencia más que en estos elementos que son los justificativos que nuestra sociedad ha creado para tolerar los hechos de violencia», aclaró Novillo.

Novillo señaló que se ha planteado la «inclusión de temáticas en el currículo educativo en todos los niveles de cuestiones vinculadas a la igualdad de género» y a la defensa de los derechos, «con miras a que las personas puedan identificar una situación de violencia» y sepan cómo enfrentarla y denunciarla.

Por departamentos La Paz reporta las cifras más altas con 26 muertes, seguido de Santa Cruz con 12, Cochabamba con 10, Oruro con 6, Potosí con 6, Chuquisaca con 4, Beni con 3, Tarija con 2 y Pando con 1, informó la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal en un comunicado.

De los 70 feminicidios se han identificado a 63 autores o partícipes del crimen y 18 agresores ya han sido sentenciados, la mayoría a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó que el grupo etario con «mayor prevalencia» a ser víctima de feminicidio o sufrir violencia machista está entre las mujeres de «21 a 30 años seguido de 41 a 50 años» e indicó que la «primera causa de muerte es por arma blanca seguido de asfixias».

Los menores víctimas

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal reportó este lunes que en lo corrido de este año se han registrado 22 casos de infanticidios.

Pese a que en comparación de 2020 los casos han sido menos, a las autoridades les preocupa la crueldad de estos crímenes contra los menores que en su mayoría están relacionados con violencia doméstica y violencia machista.

La Directora del IDIF señaló que en «los casos de infanticidio el grupo etario de mayor prevalencia es de 1 a 5 años, seguido de menores de un año».

El departamento donde más predominan estos casos es La Paz y la mayoría de las víctimas muere a manos de su madre, padre o padrastros.

Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, tiene desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Organizaciones y activistas han denunciado en varias ocasiones que la ley 348 no se cumple plenamente por falta de presupuesto y personal adecuado y también señalan que la justicia revictimiza a las mujeres que denuncian hechos de violencia contra ellas.

Desde hace unos meses el Gobierno, a través del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), realiza varias actividades con diferentes organizaciones nacionales y extranjeras para identificar las falencias en la lucha contra los feminicidios y mejorar algunos aspectos de la ley 348.

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