El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) manifestó este martes que la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar la continuidad de las actuales autoridades judiciales da a lugar a la «consolidación del autoritarismo» en el país y rechaza el fallo.
«Alerta roja para Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de darle un golpe a la democracia, al Estado de derecho, a la Constitución», indicó Mesa en un mensaje.
El expresidente señaló que la decisión del TCP es «ilegal» y que debe ser repudiada por la población boliviana, ya que ese ente primero «bloquea la elección judicial» y después «establece un mandato indefinido que da a lugar a la consolidación del autoritarismo protagonizado por el poder Ejecutivo que tiene como títere al Órgano Judicial».
«No podemos tolerar, creo que es imprescindible que el poder legislativo abra un juicio de responsabilidades contra los autores de este verdadero atentado contra la democracia», sostuvo Mesa.
Agregó que es «urgente» la reforma de la Constitución para que se lleve adelante una reforma judicial «estructural» y enfatizó que el Movimiento al Socialismo (MAS) «está matando a la democracia» y a las «posibilidades del ejercicio pleno y la libertad de los derechos».
«Es imprescindible decir no al autoritarismo que se está estableciendo, ya muy parecido a Cuba, Nicaragua y Venezuela», subrayó el expresidente.
Por su parte, el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) comentó a través de sus redes sociales que el TCP «no veló por la supremacía de la Constitución» al demorar en «la atención de recursos y consultas que suspendieron el oportuno ejercicio de la función legislativa».
«El TCP excedió su competencia al ‘disponer’ prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley», enfatiza Veltzé.
Esta jornada el TCP dispuso la continuidad de las autoridades judiciales del país que debían terminar sus funciones hasta fin de año y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales para evitar un «vacío de poder» mientras se realicen las elecciones judiciales que debían efectuarse este 3 de diciembre, pero el proceso se paralizó.
Esta resolución generó varias críticas de parlamentarios oficialistas y opositores e incluso sugirieron que se debe realizar un «juicio de responsabilidades» ante esa determinación que va en contra de la Constitución.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento nacional y que están en el cargo por seis años.
Los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos, y el proceso para las elecciones de este año está nuevamente en tela de juicio pues los candidatos deben ser preseleccionados en el Legislativo, de mayoría oficialista.
El proceso de preselección para las elecciones de este año quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.
Los comicios judiciales no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.