Varios parlamentarios oficialistas y de oposición criticaron este martes la reciente determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispone la continuidad las autoridades judiciales, lo cual calificaron como un «golpe judicial» y que deben ser sometidos a un «juicio de responsabilidades».
Esta jornada el TCP dispuso la continuidad de las autoridades judiciales del país que debían terminar sus funciones hasta fin de año y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales para evitar un «vacío de poder» mientras se realicen las elecciones judiciales que debían efectuarse este 3 de diciembre, pero el proceso se paralizó.
El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Andrónico Rodríguez, rechazó esa resolución y señaló que es un «golpe judicial» y a la democracia, ya que es una «vulneración» a la propia Constitución de parte de quienes deben «resguardar» y hacer prevalecer la misma.
«Lo único que puedo expresar es que esta declaración es la antesala de la profundización de la crisis de la Justicia y la estructura orgánica y la institucionalidad del Estado porque no puede ser que un órgano del Estado pueda autoprorrogarse», manifestó Rodríguez en una conferencia de prensa.
El senador oficialista Hilarión Mamani, afín al expresidente Evo Morales, indicó que trabajarán en una «ley corta, sí o sí» para que se puedan llevar a cabo las elecciones judiciales y rechazó esa resolución.
De la misma manera el senador oficialista William Tórrez sostuvo que los magistrados «juraron cumplir la Constitución» y son ellos lo que la están «vulnerando» por lo que corresponde hacerles un «juicio de responsabilidades».
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, también señaló que es evidente la «autoprórroga» de las autoridades judiciales, por lo que se debe iniciar un «juicio de responsabilidades».
En tanto la senadora opositora de Creemos, Centa Rek, aseguró que hay que analizar la resolución del TCP que puede dar a lugar a un juicio de responsabilidades, pero que el Legislativo debe concentrarse en resolver la preselección de candidatos de forma inmediata para «restituir el Órgano Judicial».
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, consideró que la resolución del TCP «resguarda» la Constitución y que «hace respetar la misma», de acuerdo a medios locales.
El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, a los jefes de bancada de las tres fuerzas política representadas en la asamblea, entre otros para abordar esta temática y que se busquen «soluciones consensuadas».
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento nacional.
Los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos, y el proceso para las elecciones de este año está nuevamente en tela de juicio pues los candidatos deben ser preseleccionados en el Legislativo, de mayoría oficialista.
El proceso de preselección para las elecciones de este año quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.
Los comicios judiciales no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.