Nuevamente el sistema judicial del país se encuentra a merced de los políticos, luego de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea que aprobó el reglamento y la convocatoria para la preselección de los candidatos a altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del propio TCP. Este organismo, dejó paralizada por más de tres meses la etapa de preselección de candidatos a las elecciones judiciales y al filo de cumplir su plazo de 45 días, emitió la sentencia 60/2023, que fue aprobada «por unanimidad» por los nueve miembros del TCP, que se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad.
El fallo también afecta a una «Ley Transitoria» que modificó los plazos para que las elecciones judiciales se celebren este año. Mientras que, en un segundo aspecto, la sentencia expresa que «el desarrollo, convocatoria, los derechos, los límites y toda otra cuestión, deba hacerse necesariamente e imprescindiblemente por dos tercios de voto» del Parlamento, según el Presidente del TCP, Raúl Franco. La sentencia incorpora una exhortación al Parlamento para que «pueda cumplir las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas» y «en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de la preselección y elección de las máximas autoridades judiciales» señaló.
El Defensor del Pueblo Pedro Callisaya exhortó a los políticos a que lleguen a un consenso y viabilicen las elecciones judiciales. La sentencia del TCP dispuso que la Asamblea apruebe con ley y por dos tercios de votos una nueva convocatoria, sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas tiene esa cantidad de votos en la Asamblea, además de que el MAS está dividido. «Es importante que los partidos políticos busquen el consenso necesario para viabilizar las elecciones judiciales en el marco normativo vigente», añadió el Defensor.
Los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Jerges Mercado, revelaron, por separado, que se iniciaron conversaciones con el fin de reactivar las tareas preparatorias para las elecciones judiciales a partir de la sentencia del TCP. «Todo el procedimiento, según el fallo, amerita necesariamente los dos tercios, lo cual va a obligar a que las tres fuerzas políticas hagan los máximos esfuerzos», indicó Rodríguez, quien no descartó la posibilidad de buscar un acuerdo con la oposición. Una reunión entre las directivas de ambas cámaras, jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, con el presidente nato de la Asamblea y vicepresidente David Choquehuanca podría realizarse con miras a buscar el acuerdo.
Recordemos que, en marzo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria y el reglamento para la preselección de candidatos al Poder Judicial con la mayoría del MAS, algo que desencadenó las protestas debido a que se volvía a dejar que el oficialismo dirija todo el procedimiento, mientras la oposición, así como instituciones representativas de la comunidad nacional exigían que en la preselección de candidatos participen instituciones independientes. Ahora, los pedidos se amplían para que sean organismos internacionales que intervengan en la preselección, y que sus recomendaciones sean vinculantes, es decir, que sean respetadas.
Pese a que la Asamblea tendría muy corto tiempo, apenas un mes para la preselección, ambos presidentes de las cámaras legislativas, Rodríguez y Mercado, coincidieron en que se debe garantizar que se cumplirá el mandato constitucional para contar con las nuevas autoridades judiciales en enero de 2024. «Nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol constitucional de preseleccionar (a los candidatos) y esperamos que, de a poco, se pueda encaminar las elecciones judiciales y trabajar de manera paralela en el cambio de la justicia de la manera más responsable», dijo Rodríguez, en tanto que Mercado afirmó que se «tiene la firme convicción de dotar a la ciudadanía de nuevas autoridades en enero de 2024».
Pero, para ello es necesario alcanzar los dos tercios, que solamente se lograría mediante un acuerdo, que ya ha sido condicionado por la oposición, que exige que se acepte la participación de la sociedad civil y de juristas de organismos internacionales. Publicaciones de prensa registran declaraciones de diputados de Comunidad Ciudadana, que condicionan el acuerdo a que se acepte la participación de la sociedad civil y de juristas externos. Proponen que un ente externo evalúe a los postulantes y que sus decisiones sean vinculantes para la Asamblea Legislativa. El diputado de CC, Enrique Urquidi anunció que pedirá retomar el tratamiento del proyecto de ley de garantías para las elecciones judiciales en el pleno de la Cámara de Diputados. Como consecuencia del nuevo escenario, el Tribunal Supremo Electoral, ratificó que para garantizar que las elecciones sean el 3 de diciembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe remitir hasta el 4 de septiembre, como plazo máximo, la lista de candidatos preseleccionados para disputar un espacio en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional.