El gobierno recibió una avalancha de críticas por la forma como está respondiendo a los escándalos derivados de hechos de corrupción, quiebra del banco Fassil, y el descubrimiento del envió de droga a Europa mediante un vuelo de la aerolínea nacional BoA. Mientras las acusaciones suben de tono y se involucra a altas autoridades, se hacen anuncios sobre la aplicación de medidas repetidas, creación de nuevas entidades, y reiteración de intenciones para desbaratar a las organizaciones criminales, mediante la reestructuración de los organismos de la lucha contra el narcotráfico. Las críticas van desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Colegio de abogados, políticos, parlamentarios y entidades representativas de la comunidad nacional que ven improvisación en las determinaciones y una actitud vacilante que deriva en precipitaciones en las detenciones de sospechosos, al extremo de tener que rectificar sus actuaciones.
Efectivamente, se ordenó la aprehensión y posterior liberación del juez a cargo del caso «narcovuelo», hecho que motivó un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que demandó respeto al debido proceso. En un comunicado señala que el Tribunal «expresa su rechazo a cualquier interferencia, amedrentamiento o violación a la independencia judicial, actitudes que en muchos casos son efectivizadas mediante aprehensiones irregulares, presiones sociales y otro tipo de manifestaciones que afectan a la imparcialidad del juzgador». Sostiene que todo operador de justicia es responsable de sus actos, por acción u omisión, por lo que es obligación del mismo someterse a cualquier proceso de investigación, que pueda ser iniciado por el Ministerio Público, la Policía y el Consejo de la Magistratura, entre otros entes.
El ex presidente Evo Morales también acusó al Gobierno de ocultar información. Morales dijo que las declaraciones y actuaciones en los casos Nallar, Coimas de ABC, Colodro y ‘Narcovuelo’ dejan «más dudas que certezas»… «Lo que desgasta al Gobierno es la protección al narcotráfico y corrupción», señaló Morales, según publicaciones de prensa.
Mientras tanto, los mecanismos judiciales, apoyados por el gobierno han impulsado una serie de actuaciones apresando a varios sospechosos en base a investigaciones en torno al tráfico de casi media tonelada de droga que BOA envió a España en una nave alquilada. Y mientras abundan las declaraciones que eluden responsabilidades, el gobierno anunció la refundación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la creación de una especie de «policía judicial» y una dependencia de contrainteligencia. Estas opciones son analizadas con la idea de proyectar una nueva ley, como parte de las medidas para fortalecer la lucha antidroga y las acciones judiciales contra organizaciones de narcotraficantes, según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
«Estamos trabajando en un proyecto de ley para refundar la Felcn, muchas veces vemos muy solo al Ministerio Público en las audiencias judiciales, donde se libera a personas comprometidas con el narcotráfico, necesitamos una especie de policía judicial, especializada en temas de narcotráfico para que sean dos instituciones que vayan buscando a estas organizaciones criminales», dijo en la red DTV.
Otras publicaciones de prensa, atribuyen al ministro Del Castillo, señalar que «Necesitamos fortalecer los elementos de control, disciplinarios, necesitamos generar una especie de policía de contrainteligencia, fortalecer la inspectoría general para que básicamente funcionen más y mejor los controles al interior de la Policía Boliviana». Agregó que actualmente se están recogiendo propuestas para mejorar los controles al interior de la policía. «Estamos trabajando con todo el mando policial, con los distintos mandos departamentales de toda la Policía Boliviana, estamos recogiendo propuestas al interior para poder seguir mejorando y seguir rompiendo los récords históricos que tenemos, no solamente en tema de incautación de pasta base y clorhidrato de cocaína y marihuana, sino también en la aprehensión y para desbaratar organizaciones criminales», agregó. El ministro, además, pidió el apoyo del Órgano Judicial en la lucha contra el narcotráfico y denunció que elementos al interior de la justicia, involucrados en temas de narcotráfico, pretenden ahora liberar a los denunciados por el caso «narcovuelos». Según el ministro, el Ministerio Público y la Policía Boliviana han conformado una comisión de investigadores con el fin de recolectar indicios sobre los posibles responsables del envío de cocaína desde Bolivia a España, en el vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BoA).