La Defensoría del Pueblo propuso este miércoles modificar la guía de la declaratoria de emergencia de alerta contra la violencia para que su puesta en marcha sea más efectiva, ante el incremento de los casos de maltrato hacia mujeres, acoso político, feminicidios y los abusos en escuelas en el país.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, sostuvo en una conferencia de prensa que uno de los mecanismos de prevención es la declaratoria de alerta contra la violencia «en razón de género» y para su aplicación existe una guía que «no se está efectivizando».
Según el defensor, en ocho años de la existencia de la guía, solo se ha utilizado en una ocasión esta declaratoria, por lo que la entidad defensorial propone añadir algunos parámetros para su aplicación.
Callisaya señaló que es importante «contextualizar» algunos parámetros y añadir otros que son necesarios para su aplicación, como clasificar los municipios y conocer cuántos recursos tienen para hacer frente a la violencia.
De la misma forma, propone modificar un decreto supremo para que los departamentos puedan aplicar medidas de prevención de acoso y violencia política y que no solo sea a nivel nacional.
«Nosotros hemos hecho la propuesta al Ministerio de Justicia y al Ministerio de la Presidencia para que se puedan articular estas modificaciones», recalcó Callisaya.
Asimismo plantea que se «fortalezcan los planes de convivencia pacífica» en los colegios, ya que solo el 45 % tiene alguna directriz al respecto.
También propone que se cree un «defensor estudiantil» que permitirá la «participación de los propios actores en la toma de decisiones».
«Estas medidas no pueden estar ajenas a la mirada de los actores que son los niños y adolescentes, hay que despojarnos de la mirada adultocéntrica», manifestó el defensor.
Estas propuestas se enmarcan en la «preocupación» por el incremento de la violencia machista y las denuncias de abusos sexuales en unidades educativas.
Callisaya mencionó que entre enero y junio se reportaron 23.686 casos relacionados con delitos establecidos en la ley 348 que garantiza una vida libre de violencia a la mujer, lo que supone un aumento del 11 % en comparación con los datos del año pasado, una situación preocupante porque en promedio ocurre un feminicidio cada tres días.
Asimismo, el Observatorio Defensorial Judicial analizó 3.074 casos, incluidos feminicidios e infanticidios, de los cuales 467 procesos se llevan en rebeldía, es decir, en ausencia del principal acusado.
Por otra parte, los casos de acoso y violencia política subieron un 8 % respecto al año pasado, con 515 registrados entre 2012 y octubre de 2022, de los cuales sólo tres tienen sentencia, según datos de la Defensoría.
Esta semana fueron aprehendidos dos adolescentes y un muchacho de 18 años investigados por una violación grupal a una compañera de curso en La Paz y hace unos días un suceso similar ocurrió en Santa Cruz, donde siete jóvenes están acusados de violar a una de sus compañeras, situaciones que han alarmado a la población.