La Defensoría del Pueblo registró al menos 25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos durante los 13 días de protestas en Santa Cruz en rechazo a la aprehensión del gobernador opositor, Luis Fernando Camacho.
La Defensoría hizo en un comunicado un balance de las vulneraciones en los últimos acontecimientos en Santa Cruz y señaló que entre la veintena de casos de presunta vulneración de derechos tiene que ver con el «uso desmedido de la fuerza policial» al igual que «agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos particulares y públicos».
Camacho fue detenido en Santa Cruz el pasado 28 de diciembre de 2022 en un cuestionado operativo policial y la Justicia determinó su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz por cuatro meses, acusado de supuesto terrorismo por el caso conocido como «golpe de Estado I» por los conflictos sociales y políticos de 2019.
Esta situación generó jornadas de enfrentamientos entre personas que rechazaban su detención y la Policía que desencadenó en la quema de infraestructuras públicas como la Fiscalía departamental, entre otros.
La Defensoría realizó cinco «exhortaciones» para evitar más confrontaciones y recordó que el Estado «es el garante y promotor del ejercicio de los derechos humanos y que, por tanto, es responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los mismos».
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también sostuvo que «el Ministerio Público y el Órgano Judicial tienen la obligación de tramitar los procesos con las debidas garantías, el derecho a la defensa y a una justicia pronta, oportuna transparente y sin dilaciones».
Asimismo indicó que la Dirección General de Régimen Penitenciario y las autoridades judiciales «son garantes del ejercicio y goce de los derechos de las personas privadas de libertad» y expresó que la Policía «debe ajustar el uso de la fuerza a los principios del derecho internacional de los Derechos Humanos».
Por último pidió a las personas que protestarán este martes que realicen sus marchas «en el marco del respeto» y evitar los hechos de violencia.
«La Defensoría del Pueblo rechaza contundentemente la violencia: venga de donde venga no es tolerable. Hay que evitar que se reproduzcan situaciones de confrontación», sostuvo Callisaya.
Este martes se prevén marchas y protestas en al menos ocho de los nueve departamentos del país en defensa de la democracia, la justicia y en rechazo al encarcelamiento de líderes opositores como el gobernador Camacho.
El Ministerio de Gobierno informó que 76 personas tienen procesos por los destrozos de dependencias estatales en Santa Cruz de las cuales 24 tienen sentencia, 22 esperan la audiencia de medidas cautelares, 14 tienen detención preventiva y 16 cuentan con medidas sustitutivas.