El juez anticorrupción de Sucre, Gary Baspineiro, dispuso ayer la detención preventiva del ex director departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Chuquisaca, Irineo Condori, en la cárcel San Roque de esa urbe, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, extorsión, concusión e incumplimiento de deberes.
«El imputado que responde al nombre de Irineo Condori Carlos, tenga la medida de detención preventiva en la cárcel San Roque de esta ciudad, detención preventiva que deberá ser cumplida en sección separada de los internos que cumplen sentencia ejecutoriada», dictó esa autoridad judicial.
Esa determinación fue emitida después de una audiencia de medidas cautelares que duró poco más de siete horas en la ciudad de Sucre.
Baspineiro dictó esa resolución argumentando que existen suficientes elementos de convicción para acreditar la autoría de delitos de corrupción y riesgos de fuga y obstaculización en el proceso investigativo.
El imputado está acusado por los delitos de uso de influencias, extorsión, concusión e incumplimiento de deberes.
Por su parte la fiscal de materia, Elizabeth Viveros, precisó que Condori realizaba cobros ilícitos de altas sumas de dinero para adjudicar obras a empresas desde 2017.
Según la autoridad judicial, Condori realizaba cobros que oscilan de entre 27.000, 40.000, 70.000 y 200.000 bolivianos.
Asimismo, precisó que, además de esa exautoridad y exdiputado nacional, están investigados otros 15 funcionarios de la AEV de Chuquisaca y representantes de empresas constructoras.
«La Comisión de Fiscales está realizando una valoración y examen de todos los antecedentes a fin de concretar y alcanzar la investigación a otras personas y empresas que presuntamente estarían involucradas en esos hechos de corrupción», indicó.
Mientras que Mauricio Nava, fiscal Departamental de Chuquisaca, manifestó que “el hecho que éstas empresas se hayan visto, de cierto modo, forzadas a realizar cierto tipo de pagos para beneficiarse con las contrataciones hace que actúen de manera ilegítima e ilegal, lo cual desfigura las bases de la libre competencia de las empresas para adjudicarse una obra”.
La defensa legal del imputado, Milton Mendoza, aseguró que esa resolución será apelada en los tiempos establecidos.