La jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, determinó ayer detención domiciliaria sin permiso de trabajo para el diputado de la opositora Unidad Nacional (UN), Amilcar Barral, mientras se investiga el caso de presunta extorsión al exalcalde Édgar Patana, recluso de la cárcel de San Pedro.
Entretanto, el asistente de Barral, Henry Marcelo Gonzales M., fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro, al considerar que de enviarlo a San Pedro afectaría la investigación, tomando en cuenta que en ese recinto se produjeron los hechos.
Además de la detención domiciliaria, la jueza determinó una fianza de 50 mil bolivianos para el diputado.
Barral y Gonzales fueron aprehendidos el martes por supuesta extorsión al exalcalde de El Alto, Edgar Patana.
El Ministerio Público imputó a Barral y Gonzales por tres delitos: cohecho pasivo propio, extorsión y uso indebido de influencias.
«La Jueza determinó para el diputado Amilcar Barral medidas sustitutivas, entre esas, la detención domiciliaria y una fianza de 50.000 bolivianos; y para su asistente la detención preventiva porque fue aprehendido en flagrancia del hecho», informó el fiscal Samuel Lima.
El Fiscal dijo que se demostró los suficientes elementos de convicción para sostener la probabilidad de autoría de los hechos que ahora se investigan, entre ellos la triangulación de llamadas telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad, el contenido de celulares secuestrados, folder logístico, sobre manila de color café y 6.500 bolivianos como dinero de la extorsión.
Según la investigación, el director departamental de Régimen Penitenciario, Ernesto Vergara, denunció el hecho de extorsión y la DACI desplazó a dos grupos a la cárcel de San Pedro para realizar tareas de inteligencia.
En el lugar, se observó al interno, Edgar Patana, entregando 6.500 bolivianos al privado de libertad, Kevin Mendoza, quien a su vez recibió una llamada del Amilcar Barral, indicándole que ese dinero sea traspasado a su asistente, Henry Gonzales.
Gonzales, que recibió el dinero a nombre de Barral, recibió el sobre y lo llevó hasta el edificio Ballivián, sin darse cuenta que estaba siendo seguido por agentes de la DACI (Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia).
De esa forma, Barral y su asistente fueron aprehendidos e imputados por el Ministerio Público.
Habría existido dos pagos, uno de 4 mil y otro de 8 mil bolivianos, aunque de este último sólo había 6.500 bolivianos en el sobre encontrado al asistente de Barral.