Dos concejalas de un municipio de Cochabamba fueron obligadas y agredidas por un grupo de personas para firmar una «licencia fija» para no ejercer sus cargos, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.
Se trata de Reina Beltrán y Eva Rodríguez, de partidos opositores, ambas concejalas del municipio de Sipe Sipe en el departamento de Cochabamba que fueron agredidas de forma verbal y física por un grupo de personas de unas tres comunidades para obligarlas a firmar un documento de «licencia por tiempo fijo», según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Esta licencia era para que no ejerzan sus cargos desde el 11 de enero de este año hasta mayo de 2026, prácticamente «hasta el final de su gestión», ya que según los pobladores no cumplían con fiscalizar, señaló la Defensoría.
Las mujeres recibieron presión verbal, agresiones físicas y fueron retenidas por el grupo de personas en el Concejo Municipal de ese lugar, Beltrán se desmayó en un momento y tuvo que ser sacada en una camilla.
Ante esta situación de violencia política el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Ministerio Público a iniciar de oficio un proceso penal para investigar y establecer las responsabilidades de los agresores para que este caso no quede en la impunidad.
«No podemos tolerar situaciones de violencia, acciones de hecho destinadas a cercenar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres», manifestó Callisaya.
El Defensor se comunicó con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) y también con las dos concejalas para acompañarlas y orientarlas para iniciar acciones legales.
«Nosotras como concejalas electas en nuestro municipio, vamos a realizar todo el procedimiento correspondiente para hacer prevalecer nuestros derechos, no podemos permitir que por el hecho de ser mujeres nos maltraten de esa manera», indicó Rodríguez citada en un comunicado.
El Ministerio de Justicia activó el mecanismo de prevención para precautelar la integridad de las dos concejalas y expresó su rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres en el país.
Riesgos y antecedentes
«Resulta evidente que en el caso se observa un latente riesgo en la integridad y ejercicio de derechos de las mujeres que están en función político pública y se hace necesario reforzar su protección a través de una intervención diligente y articulada entre las distintas instancias estatales», expresó la viceministra de Igualdad de Oportunidades.
Además recordó que la ley Contra el Acoso y la Violencia Política declara «nulos los actos realizados por mujeres en la función política pública cuando los mismos hayan sido motivados por hechos de acoso y violencia política».
El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, condenó los actos de acoso y violencia política y «cualquier acto que use la violencia y amedrentamiento para obligar a que autoridades electas renuncien contra su voluntad».
La pasada semana se conoció la sentencia «histórica» del caso de la concejala Juana Quispe tras casi 12 años de su muerte en el que sentenciaron al exalcalde de la localidad de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili a la sentencia máxima en Bolivia, 30 años de cárcel, mientras que a otras dos implicadas les dieron 15 y 2 años de presidio.
Quispe denunció en reiteradas ocasiones que sufría amenazas, agresiones para no ejercer su cargo, hasta que su cuerpo fue hallado sin vida en un río en La Paz.
A partir de este caso se impulsó la promulgación de la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.