La política nacional ha sido considerada, desde el nacimiento de la República, como un mecanismo para alcanzar el poder sin medir medios ni consecuencias, y las conspiraciones contra los regímenes establecidos se sucedieron sin pausa, dejando al país con un nada dignificante récord de golpes de estado, cambios abruptos de gobernantes, y algunos intentos de revoluciones que fracasaron en sus objetivos, y contrariamente, profundizaron la crisis nacional. Hoy, después de un prolongado intento de construir el proceso democrático -primero defendido en largas luchas y sacrificios, y luego decidido en las urnas por el pueblo boliviano-, el país padece una crisis política, judicial, institucional y ética, que puede considerarse como el fracaso de la forma de la relación gobierno-ciudadanía, degradada por la vulneración del ordenamiento legal, la corrupción, la improvisación, la destrucción de las principales instituciones del Estado y la traición a la voluntad del pueblo boliviano.
Las instituciones que deberían ser la genuina representación del respeto a la ley, se convirtieron en las principales transgresoras de la Constitución Política del Estado (CPE), como el Tribunal Constitucional, que avaló una tercera (o cuarta) reelección presidencial. Hoy, ese mismo organismo, se convirtió en una traba para que se realicen las elecciones judiciales, y también se constituyó en parte del conflicto por el control del poder que en el que se encuentran las facciones en que se dividió el oficialismo.
Envuelta en los mismos objetivos de control del poder, la Asamblea Legislativa se atascó en una disputa interna producto de la división del oficialismo, y las zancadillas que pone la oposición, que se agrava por los efectos del contrahecho sistema judicial que no se resigna a perder su arbitrio e influencia, ya que, por mandato de la CPE todos los magistrados deben cesar en sus funciones el 31 de diciembre. El Órgano Ejecutivo en ejercicio manipula la crisis, y desde los primeros intentos por lograr un desarrollo transparente para reestructurar el sistema judicial, fue el factor que impidió el proceso hasta que se cumplieron los plazos legales, y actualmente el tema queda a merced de una posible concertación política al margen de las normas, lo que representa mantener la vigencia de una justicia oscura, ilícita, furtiva y cómplice de la irracionalidad.
La política se ha metido profundamente en el sistema judicial y, a la vez, esta trabaja en esa línea. De hecho, las elecciones judiciales están estancadas política, procedimentalmente y judicialmente. Debemos recordar que, en julio pasado, el TCP emitió la Sentencia 0060/2023 con la que dejó en blanco la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513 de elecciones judiciales. Con la intención de encontrar una vía de solución, la Cámara de Senadores aprobó una ley transitoria fijando las elecciones para enero de 2024, misma que agiliza los plazos procesales y determina la vacancia de los altos cargos judiciales. Pero la Cámara de Diputados no encontró consenso para aprobar el proyecto y lo envió en consulta al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno. El TSJ envió a su vez a consideración del Tribunal Constitucional, de manera que el tema sigue peregrinando sin visos de solución.
No es el único caso político tratado por la justicia. Una sentencia del TCP declaró inconstitucional parte de la Ley 1350, del 16 de septiembre de 2020, sobre interpelación y censura de ministros, y exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar una norma para regular la acción. Esta norma también está en el limbo, pese a que coarta la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa de fiscalizar la función de los ministros de Estado.
La CPE determina la independencia de poderes, pero la coordinación que debe existir, ha sido interpretada como la posibilidad de componendas políticas. De esta manera la «coordinación» puede observarse y comprobarse con el proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes, propuesta por el Órgano Ejecutivo, que es producto de una reacción colectiva contra la pederastia al destaparse los escándalos de abusos a estudiantes por parte de miembros de la Iglesia Católica. La Cámara de Diputados rechazó la ley. El ministro de Justicia Iván Lima, deploró esta decisión señalando que «no hay razones jurídicas para rechazar este proyecto de ley». Esta situación, según algunos observadores, tiene un claro trasfondo político. El diputado de CC, Carlos Alarcón, escribió en las redes sociales que «En la ley contra la pederastia mandada por el Presidente Arce a la ALP, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas y niños, era la fachada para ocultar la verdadera intención y propósito: promover y legalizar la práctica sexual de niñas y niños mayores de 12 años». Sin duda, los cálculos políticos siempre ven los intereses partidarios por encima de los intereses de la colectividad, y parece que se considera que este tema podría influir en las próximas elecciones generales.