Nuestro país vive momentos de tensión que ponen en riesgo la paz y la tranquilidad, motivados por irregularidades y sospechas sobre acciones dudosas en las elecciones. Es necesario exhortar a toda la ciudadanía a mantener la calma, evitar la violencia y apelar a los recursos legales y democráticos en busca de rectificación de las fallas que pudiesen haberse producido. Uno de los factores esenciales para la convivencia armónica de las comunidades es precisamente la paz social, que se la entiende como un estado de bienestar, estabilidad, seguridad, satisfacción de las necesidades básicas, y fundamentalmente, respeto a los derechos de la gente.
Significa que gobiernos y gobernados deben respetar las normas legales, en nuestro caso la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico, que manda el cumplimiento de deberes a los ciudadanos, y el cumplimiento de las autoridades a las normas y acatamiento a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Las elecciones del domingo pasado han convocado a los electores a participar y el pueblo ha cumplido su deber, y en esa misma línea tiene el derecho a que se respete su decisión.
Pese a serie de irregularidades los ciudadanos acudieron a las urnas, pero un desenlace poco claro ha generado protestas, reclamos, dudas y una reacción que puede agravarse si las explicaciones del gobierno y del Tribunal Supremo Electoral son insatisfactorias. Nuestro país requiere de sosiego para poder alcanzar las metas de superación ambicionadas para que todos los bolivianos tengamos oportunidades y un escenario propicio para el progreso y desarrollo. Lamentablemente, gobierno tras gobierno, el pueblo ve frustradas las aspiraciones nacionales, casi siempre, por factores generados por las ambiciones políticas, los excesos del poder, la corrupción y por el desconocimiento de las reglas democráticas y las normas legales. Los gobernantes tienen una alta responsabilidad ante la sociedad para garantizar la paz social y cumplir y hacer cumplir el ordenamiento legal. Una ruptura de esta relación significa la fractura de la institucionalidad y consecuentemente el riesgo de caer en la falta de legitimidad. La legitimidad de toda acción nace del respeto a la ley. Nada ilegal puede ser legítimo.
Las dudas que se han sembrado deben ser despejadas con nitidez y transparencia. No se trata simplemente de percepciones de la gente. Hay hechos que demuestran que algo anduvo muy mal en todo el proceso electoral. Los observadores internacionales han podido establecer en el terreno las presuntas irregularidades. Más de un centenar de representantes de organismos internacionales estuvieron presentes en los recintos electorales, en los centros de cómputo y en todo el ámbito electoral.
El presidente Evo Morales se ha reunido con embajadores de algunos países y representantes de las misiones de observación que llegaron al país. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado como «inexplicable» el cambio de tendencia de los resultados, pasando de una virtual segunda vuelta a una victoria del MAS en primera instancia. La Unión Europea (UE) sostiene que la suspensión de la transmisión de cifras genera serias dudas. Asimismo, representantes de varios países expresaron preocupación por la forma como se dieron los hechos y sugirieron transparencia. Sin duda el tenso ambiente que vive el país es preocupante y requiere de una toma de conciencia de autoridades y ciudadanos para encontrar, mediante el diálogo, la tolerancia y la comprensión, un camino de respeto a la voluntad de los bolivianos y la conservación de la tranquilidad nacional.