La corrupción indigna porque ocasiona múltiples perjuicios al país y a la sociedad, que van desde daños económicos por sobreprecios hasta obras mal ejecutadas, pasando por una evidente afectación a los principios éticos. Pero exacerba toda tolerancia cuando se trata de actos en los que algunas autoridades lucran y se aprovechan de una tragedia como la pandemia de coronavirus -que siembra dolor y muerte- para llenarse los bolsillos con el dinero destinado a proteger la salud. La corrupción es otro virus que afecta a la administración del país y que no encuentra aún remedio.
Se ha iniciado investigación por la compra de equipos de respiración, para terapia intensiva, inapropiados y con sobreprecio. Estos hechos han sido tipificados como «presuntos delitos» por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, daños lesivos al Estado y delitos contra la salud pública, cuando salta a la vista que revisten de flagrancia, constatada, probada.
La Fiscalía General del Estado anunció que una comisión de fiscales se encargará de «investigar las presuntas irregularidades» (santo Dios, porqué el fiscal Lanchipa presume y califica los hechos como irregulares cuando son delitos comprobados, el cuerpo del delito, los instrumentos del delito están en Bolivia, los principales actores de los hechos punibles están identificados) en la adquisición de 170 respiradores, por un valor de 4.7 millones de dólares. Los equipos fueron comprados por el Ministerio de Salud, del cual su titular es el ministro Marcelo Navajas, a la empresa española GPA y el aprehendido Valenzuela es su inferior y funcionario sin rango ni competencia para decidir sobre lo que se debía adquirir, pero lo hizo y prueba de ello son las cartas que envió el cónsul de Bolivia en Barcelona, a dicho empleado y a la Cancillería del Estado. Cada unidad de respiración llegó, según los autores, a costar 27.683 dólares, cuando por catálogos de fabricación de similares aparatos, se constató que no debía pasar de dólares 11.000 sumado trasporte, comisión incluida al intermediario. Se comprende que los papeles de exportación de España a Bolivia los tenía que haber hecho el fabricante.
Desgraciadamente hay una realidad en nuestro país que pone en evidencia que más son los amagues que la lucha efectiva contra la corrupción. Los cinco gobiernos de los últimos 20 años han anunciado lucha contra la corrupción, y han aprobado Leyes y crearon entidades especializadas, pero el mal continúa, debido a que todos los regímenes repiten los mismos hechos, que se pueden sintetizar en mantener la impunidad, que es el factor que alienta la corrupción a lo que se suma la destrucción de la institucionalidad, afectación de la independencia de la Justicia, y aprobación de decretos que autorizan compras directas y gastos que carecen de controles, lo que hace aparecer a las arcas del Estado abiertas para cualquier tentación, mientras la Contraloría General de la República, y el Poder Legislativo, ya no cumplen su función fiscalizadora.
La impunidad se ha consolidado al extremo que las denuncias ya no se investigan con prontitud y oportunidad. El pueblo y organizaciones como el magisterio, CONADE, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia preguntan: ¿Algo se hizo para investigar en qué y cómo se gastaron los miles de millones de dólares que el MAS administró en casi 14 años? ¿Por lo menos se ha intentado investigar dónde están los millones en dinero, joyas, bienes y propiedades incautados al narcotráfico? ¿Se han investigado las denuncias de enriquecimiento ilícito de los dirigentes del MAS? ¿Se está investigando la adquisición de empresas por parte de gente allegada al anterior gobierno? Las respuestas las tiene usted y el colectivo social que está a punto de estallar, por lo que también está ocurriendo en el actual gobierno de transición.
La corrupción está enquistada porque subsisten las oportunidades que favorecen la irregularidad, lo delitos, que surgen debido a que existen factores que son causa directa, entre ellos, las economías cerradas y excesivamente reguladas; empresas públicas deficientemente controladas; la existencia de legislación que permite decisiones discrecionales, como adquisiciones directas o simplificación de trámites. Además de ello, existe una acentuada debilidad de las instituciones fiscalizadoras y de los mecanismos de rendición de cuentas; la opacidad en las oficinas estatales; la selección de funcionarios públicos sin importar sus méritos, sino sus vínculos personales, familiares o políticos. La retardación de justicia y el sometimiento del Órgano judicial al Órgano-poder- Ejecutivo, político. Todos estos factores derivan en facilitar la impunidad, que es el manto que cubre a los responsables de diversidad de delitos.
Por ello se hace indispensable y urgente una amplia investigación que permita esclarecer los sobornos denunciados reiteradamente para obtención de cargos públicos, o las millonarias sumas que controlan los consorcios de varios jueces, fiscales y policías con algunos bufetes. La actual administración de transición ha podido capear los resabios del sistema corrupto apenas tomó control del gobierno, y ha tenido que iniciar acciones judiciales, que quedan en el mar del olvido. El mal está enquistado y con discursos, lamentaciones, recomendaciones o paliativos no se logrará nada. Se requiere una profunda conversión de los sistemas, que ahora se apoyan en una serie de normas para transgredir y dar paso a la ilegalidad. Se impone transformar totalmente el sistema judicial. Hubo iniciativas diversas para un profundo cambio, que no han prosperado porque existe complicidad e inclinación para proteger la impunidad.
Hace muchos años, cuando se hablaba de la reforma judicial, se habían sugerido sanciones que penalizaban la corrupción con la pérdida del ejercicio profesional para los involucrados, además de la restitución del daño ocasionado con todos sus bienes. En los cajones de los escritorios del parlamento se quedó el proyecto, que se debe desempolvar y ponerlos en ejecución.
Quienes delinquen en función de servidores públicos para enriquecerse ilícitamente al calor del tráfico de influencias, deben ser, previo el debido y rápido proceso, encarcelados y sentenciados a trabajos forzados para aliviar la bronca contenida del pueblo que sufre las consecuencias de sus delitos debido a la politiquería.