En riesgo las libertades fundamentales

Guido Pizarroso Durán (*)

Bolivia sigue descendiendo en la clasificación mundial de la libertad de prensa. En el informe 2020, ocupa el lugar 114 entre 180 países que son evaluados anualmente por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Éste, sin duda, es un dato negativo y preocupante que hoy merece ser analizado tanto en sus causas como en sus consecuencias. El gobierno de Luis Arce Catacora, que ha cumplido su primer mes en el poder, tiene que restaurar la plenitud de la libertad de expresión.

El deterioro de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en nuestro país comenzó al concluir el año 2005, cuando el país ostentaba el privilegio de ubicarse entre los primeros 50 países del mundo con mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, y además, Bolivia figuraba en primer lugar en la región. Pese a que siempre se han producido intentos por coartar el ejercicio de este derecho ciudadano, en el país se respiraba libertad al impulso del avance del proceso democrático. Y en ese ambiente de libertad y con las garantías que ello implica, llegó al poder el MAS. Y desde ese momento se dieron hechos permanentes de confrontación con los medios y periodistas independientes, hasta el extremo de catalogarlos como «enemigos».

Los directivos de las organizaciones de la prensa, tanto de los trabajadores como de los medios de comunicación, han coincidido en lamentar los recurrentes atropellos a este sector, que comenzaron con la introducción de restricciones a las libertades en diferentes Leyes que tenían un título altruista, pero que contenían intenciones perversas, unas veces en la norma misma y otras en las reglamentaciones. Se incluyeron articulados que nada tenían que ver con el fondo de la norma, pero que limitaban la labor de información. Varias Leyes incluyeron estas limitaciones como los casos de la Ley contra la discriminación, o las restricciones para el libre acceso y trabajo del periodismo en procesos electorales, así como limitaciones para hacer seguimiento al sistema judicial y sus operadores. Inclusive se aprobó un Código Penal que vulneraba los derechos y libertades de la población, que gracias a una movilización masiva sin precedentes se logró su abrogación.

Desde 2006, los atropellos a la libertad de prensa no solamente se han dado desde las esferas del poder político y gubernamental, sino desde algunas organizaciones sociales que no comprenden que, al vulnerar el derecho a expresar libremente las ideas, y coartar la cobertura informativa, están contribuyendo a que se restrinjan y peligren todas las demás libertades. Otro ejemplo es que, durante 14 años, el periodismo no ha tenido oportunidad de trabajar libremente en El Chapare. Lo triste es que casi siempre los políticos que desde la oposición defendieron y se sirvieron de las libertades de prensa y de expresión, cuando llegan al poder tratan de conculcarlas porque ven en ellas una amenaza para sus ocultos propósitos.

Los políticos comprensivos, los que están dispuestos a la transparencia y que nada tienen que ocultar, defienden la libertad de prensa. Quienes pretenden conculcar libertades casi siempre esgrimen el mismo argumento: que la Ley de Imprenta es obsoleta. Es necesario reafirmar que las Leyes en sí mismas no son ni buenas ni malas, son los hombres encargados de su aplicación los que pueden equivocarse o acertar. La Ley tiene sus previsiones y aplicarlas corresponde a los que están llamados por Ley. La Ley de Imprenta defiende un principio que es irrenunciable y por el cual los medios de comunicación y la mayoría de los periodistas están dispuestos al sacrificio: es la libertad de expresión, sin la cual todos los derechos ciudadanos quedan expuestos a atropellos. Sin el derecho a expresar libremente las ideas y pensamientos por cualquier medio de difusión, se anulan las libertades. Y este, no es un derecho exclusivo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos.

Durante los turbulentos acontecimientos que se produjeron el año pasado en el país, los periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron nuevamente objeto de agresiones. En la nueva administración del presidente Arce, también ya se dieron algunas acciones abusivas de militantes del MAS, al impedir la cobertura informativa.

En Bolivia debe ampliarse la libertad de prensa y no restringirla. Se trata de un objetivo básico para el ejercicio de la democracia y la convivencia de la sociedad. La libertad de prensa es la única barrera contra todo abuso de autoridad. Es el brazo más efectivo que la sociedad tiene para defenderse y denunciar actos de corrupción, los excesos e irregularidades.

(*) ExPresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz