Este miércoles podría concretarse, en una ley, el acuerdo para las elecciones judiciales si los parlamentarios oficialistas y de oposición, así como los políticos y el gobierno cumplen su compromiso de despejar las trabas que se han puesto hasta ahora. Si todo se realizara como lo acordado, el proyecto de ley consensuado por la comisión bicameral abriría un lapso de aproximadamente siete meses para la realización de las elecciones judiciales, partiendo de la fecha que se fije para la convocatoria. La esperanza porque el acuerdo prospere está latente, pero también las dudas sobre las intenciones, especialmente del sector oficialista que abiertamente apoya a los magistrados auto prorrogados, mientras en la Asamblea Legislativa parece existir mayoría que rechaza la permanencia de las autoridades del Órgano Judicial que ya cumplieron el tiempo de funciones previsto en la Constitución Política del Estado.
Esa presunta mayoría parlamentaria hace pensar que es posible lograr la aprobación de la norma para las elecciones judiciales, y que por fin se logre una selección por méritos y no por militancia política o compromisos sectoriales. De todas maneras se considera que cualquiera fuese el resultado del acuerdo que permita elegir nuevos magistrados para el sistema judicial, será preferible a permitir que sigan manipulando la justicia los que se prorrogaron en sus cargos.
Si prospera el acuerdo, se ha previsto ya un calendario tentativo que prevé que la Asamblea Legislativa tendría un plazo de 80 días para la preselección de candidatos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contaría con 150 días para organizar los comicios. Naturalmente que si alguna de las partes traba el proceso de aprobación de la ley, todas las previsiones se esfumarían.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, en la televisión estatal explicó que, según las previsiones de la comisión, hasta este miércoles se podría enviar el proyecto de ley consensuado y aprobado, al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. Según el parlamentario, el presidente Luis Arce, «ha prometido aprobar inmediatamente esa ley». Mercado explicó que promulgada la ley, la Asamblea Legislativa emitirá la convocatoria a elecciones judiciales.
El diputado detalló que se estima que el plazo para la presentación de postulantes será de 20 días, y luego se verificarán los requisitos generales y específicos para la habilitación de los postulantes; se fijará un plazo para impugnaciones, otro plazo para un recurso de revisión y finalmente, se publicará la lista de los habilitados. También explicó que se prevé unos 14 días para la evaluación de méritos, y después de presentar la lista de habilitados, la ALP tendrá ocho días para definir la preselección. La Asamblea Legislativa debe aprobar por dos tercios de votación dicha nómina y remitir al TSE.
Si hipotéticamente se cumplieran todos estos pasos, el país estaría en puertas de lograr las primeras elecciones judiciales libres de intromisión partidista, o por lo menos, con precandidatos seleccionados por sus méritos, y no impuestos a dedo por el oficialismo como ocurrió en las dos anteriores elecciones que fueron rechazadas por la ciudadanía, con una actitud contundente de abstención y con votos de rechazo o nulos. Cuando se deja abierta la esperanza por que se respete el acuerdo, tomamos en cuenta las declaraciones de las partes involucradas, que casi unánimemente coinciden en la necesidad de llegar a las elecciones judiciales. Hasta el gobierno, que bloqueó permanentemente este proceso, declara ahora su respaldo al acuerdo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, que ha sido el principal factor para frenar las elecciones judiciales, y que respalda abiertamente a los jueces prorrogados, ahora dice que esta elección será diferente a la realizada entre 2012 y 2017, cuando solo el entonces presidente Evo Morales tenía el poder de elegir a los candidatos a magistrados para los altos cargos del Órgano Judicial.
El pueblo boliviano conoce la forma como actúan los políticos, y sus reiteradas contradicciones y desvíos, que han derivado en una absoluta pérdida de credibilidad. Otra defraudación a sus propias promesas no cambiará la forma de calificar a los politiqueros. Es la realidad. De todas maneras, queda la esperanza porque esta vez sea sincera la voluntad expresada en el acuerdo. Hacemos votos para que todo siga un curso que alcance el objetivo de que el país cuente con jueces probos, respetuosos de la ley y que, fundamentalmente, hagan respetar la independencia del sistema judicial, y alejen la influencia partidaria. Es decir que sean idóneos para las altas funciones en el Órgano Judicial. Y, ojalá que este proceso asegure una elección judicial más transparente.