La Cámara de Diputados instaló este lunes la sesión para tratar el proyecto de ley que dará luz verde al proceso para las elecciones judiciales, la principal demanda por la que algunos sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) mantienen bloqueada una ruta troncal en el centro del país.
La sesión se instaló pasadas las 18:15; sin embargo, los diputados se tomaron los primeros minutos para comprobar la asistencia y transcurridas las tres horas siguientes, continuaban leyendo la correspondencia que era el primer punto en su orden del día.
El segundo punto es el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023 ‘Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024’, un documento elaborado en consenso por una comisión con representantes de las dos facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
En las puertas del edificio del Legislativo, sectores oficialistas ‘arcistas’, es decir, afines al presidente del país, Luis Arce, instalaron una vigilia que, aseguraron, permanecerá allí hasta que la norma sea promulgada.
La vigilia se encuentra dentro de uno de los anillos de seguridad dispuestos por la Policía en los alrededores de la plaza Murillo en La Paz, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.
Al no poder ingresar hasta el mismo lugar, un grupo de manifestantes ‘evistas’ o afines a Morales montó otra vigilia dos calles más abajo, cerca de la Vicepresidencia.
El preacuerdo
El pasado viernes, el vicepresidente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, y las tres fuerzas políticas acordaron que la Cámara baja y el Senado sesionarán este lunes y martes, respectivamente, hasta aprobar la ley sin modificaciones para su posterior envío al Ejecutivo.
El acuerdo también incluye un compromiso para tratar de inmediato otros dos proyectos de ley sobre la prórroga de los magistrados del órgano Judicial que debían concluir su mandato el 31 de diciembre de 2023.
Los comicios para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, ante lo cual el Tribunal Constitucional decidió prorrogar su mandato y el de los otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
La prórroga fue cuestionada por la oposición y por el expresidente Morales, quien está distanciado de Arce y cuyos sectores afines decidieron bloquear carreteras desde el pasado 22 de enero.
Los ‘evistas’ también protestan contra una sentencia constitucional que inhabilita a Morales para ser candidato presidencial en 2025, ya que el fallo sostiene que la reelección indefinida «no es un derecho humano», un argumento que el exgobernante usó para postular a los fallidos comicios de 2019.
Situación del conflicto
Si bien la mayoría de los bloqueos se levantaron tras anunciarse el acuerdo, aún hay ocho lugares donde los afines a Morales cortan el paso en la carretera que une Cochabamba con La Paz y Oruro, dijo a los medios la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
En Cochabamba está la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales.
Alcón pidió a los manifestantes que reflexionen para levantar esas medidas de presión que, según las autoridades, han dejado hasta el momento pérdidas por más de 1.000 millones de dólares y ha puesto en riesgo la actividad turística, sobre todo la vinculada a la próxima celebración del carnaval en el país.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, consideró que los bloqueos buscan dañar la estabilidad económica y política e hizo un «llamado fraterno» a que cesen las protestas al existir el acuerdo para la aprobación de la ley.