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domingo, mayo 5, 2024
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Ética, política y democracia

La legalidad es el fundamento de la institucionalidad de un país y tiene que ver con la forma como se desarrolla la relación entre la política partidista, el ejercicio del poder, la autoridad, la democracia y la ética. En Bolivia esta relación se ha viciado y está poniendo en riesgo el proceso de construcción democrática que tanto dolor, sacrificio y luto le costó al pueblo boliviano. Desde el Órgano Electoral, se ha surgido una iniciativa para exhortar a los dirigentes de las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral, que actúen en el marco de la ética y respeten las normas vigentes.

Realmente sorprendió esta reflexión que seguramente surge con la mejor y sana intención, pero al provenir de un organismo que tiene facultades constituciones y reglamentarias para hacer cumplir la ley, significa un implícito reconocimiento de las limitaciones para hacer respetar el ordenamiento legal, frente a un poder avasallador. Una publicación de prensa señala que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) apela a la «conciencia y ética» de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales de octubre próximo para no incurrir en actos proselitistas bajo el rótulo de entrega de obras. La entidad electoral asegura que existen normas que fiscalizarán las campañas.

El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, anunció la realización de talleres de capacitación para las organizaciones políticas, donde explicarán los alcances de los reglamentos aprobados, para que puedan tomar conciencia sobre los actos proselitistas bajo los parámetros de las normas electorales. Frente a esta reflexión, cabe preguntarse ¿Porque no se aplican las normas? ¿Por qué sigue la campaña oficialista con entrega de obras con recursos del Estado? ¿Porque se utilizan los medios de comunicación con propaganda intensiva promocionando a los candidatos oficialistas? ¿Puede considerarse ética la actuación de todos los miembros del TSE?

Al invocarse la ética como fuente de valores normativos dirigidos a buscar paradigmas en el ejercicio del bien, sin duda se pretende inducir conductas que ameriten ser imitadas por su calidad, y fundamentalmente por el respeto por las normas, el cumplimiento de las obligaciones, el esfuerzo por alcanzar la excelencia, eficiencia, práctica de la honestidad, honorabilidad, cumplimiento de la palabra empeñada y desplegar el mejor esfuerzo en toda actividad. Cuando de política y democracia se trata, sin duda se requiere el respeto a la legalidad y la lógica del buen gobierno.

En concordancia con esos principios, el ciudadano tiene el derecho a valorar el cumplimiento de todas las obligaciones y deberes de quienes ostentan o detentan el poder, para luego premiar o castigar. La voluntad popular debe respetarse, y el Órgano Electoral debe valorar mediante esos principios éticos, el respeto a la Constitución Política del Estado y el veredicto de los ciudadanos reflejado en el resultado del referendo de febrero de 2016.

Para la política y la democracia el ciudadano debería ser el objetivo central, y el referente para toda propuesta, intención o trabajo. No debería verse al ciudadano como objeto electoral de manipulación, ya que tiene al final el poder de decidir con su voto, ya sea en elecciones, referendos o consultas. El ser humano tiene que ser el centro fundamental ya que todas las políticas deben orientarse al bien común. La legalidad democrática se puede manifestar a través de la fortaleza de las instituciones del Estado, el respeto y ejercicio efectivo de la separación de poderes; la libertad de participar, la alternancia en el gobierno y el respeto a las decisiones de las urnas.

Los partidos políticos y sus candidatos deberían comprometerse con la voluntad ciudadana, proteger y consolidar la democracia bajo principios legales y éticos. Asimismo, las autoridades electorales tienen que actuar en esa línea respetando los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, factores que podrán contribuir a la fortaleza institucional que debe tener todo sistema político que se considere parte de una democracia real y efectiva. Es evidente que con alguna frecuencia se apela a la ética para demandar que otros la practiquen, pero muchas veces esta noble demanda se manifiesta desde organismos en los que algunos de sus miembros no siempre predican con el ejemplo.

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