Quizá por alguna circunstancia ajena a la normativa de extradición, el Gobierno tarda en remitir al Brasil al ciudadano Pedro Montenegro que, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación de dicha República, «tiene en su contra sentencia por narcotráfico e introducción de drogas».
En Bolivia se lo procesa por «uso de instrumento falsificado» que tiene dos a tres años de detención y alguna otra denuncia por irrelevantes actitudes, pero taxativa y específicamente no por «narcotráfico», lo cual hace pensar que alguien o algunas personas estén interesadas en que Montenegro se quede en nuestro país toda vez que de aquí a poco tiempo podría tener medidas sustitutivas a la detención preventiva, como detención domiciliaria, arraigo, firmar determinada fecha en libro del Ministerio Público, garantía de cinco garantes, multa pecuniaria.
Lo insólito raya en que habiendo solicitado el Brasil la extradición de dicho «personaje «y que el Gobierno hubiera detectado a través de la Interpol que se aprestaba obtener pasaportes falsificados para ingresar a Europa, no se tenga en cuenta que, existiendo una sentencia por delito de lesa humanidad, ésta prevalece sobre cualesquier otra demanda posterior al pedido de Brasil.
Quien piense que Montenegro efectuará declaraciones en Brasil, que no convengan a determinados servidores públicos nacionales, debe reflexionar y considerar que es mejor que ahora, pronto, dicho sujeto procesal, por los convenios internacionales sobre extradición, sea puesto a disposición de las autoridades judiciales de Brasil.
De otra parte, sus amistades, dados de baja de la institución policial, hasta la fecha no obedecen disposiciones judiciales sobre detención en determinado centro carcelario, poniendo en duda sobre la imparcial administración de justicia por cuanto comienza las dudas y las redes sociales se pronuncian al respecto, dando a conocer que «Medina gozaría de la protección de alguien», con mucho poder político.
El canciller Diego Pary efectúa declaraciones sorprendentes al indicar que no existe «pedido formal de Brasil para la extradición», cuando se entiende, se comprende, que una determinada solicitud a Interpol, no requiere aclaraciones menos dubitaciones, si el sujeto fue detectado e identificado en Santa Cruz, es deber de Bolivia remitirlo ante la competencia del juez que dictó sentencia acusatoria, lo demás resulta controversial y sugestivo.