El Gobierno pidió este martes a los otros órganos estatales cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la realización de las elecciones judiciales, un proceso que está trabado en el Legislativo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, reaccionó en la red social X sobre el comunicado en el que la CIDH hizo un llamado al Estado boliviano para garantizar las elecciones judiciales, que debían realizarse a fin de año.
«Convocamos a las instancias competentes a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana emitido en el marco de su mandato de garantizar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de los países de la región», señaló Lima.
Recordó que la CIDH hizo un llamado al Legislativo a «entrar en consenso» para llevar a cabo la preselección de candidatos bajo los estándares de «acceso igualitario e incluyente a todas las personas candidatas; calificación con base en méritos y capacidades profesionales; así como la participación de la sociedad civil para un efectivo control social».
El ministro lamentó que la ley aprobada en el Senado recientemente para dar luz verde al proceso de preselección «vulnera estos puntos mencionados al haber establecido la posibilidad de votar en plancha y al dejar de lado la evaluación oral».
La CIDH expresó este martes su preocupación ante los desafíos que presenta el proceso para las elecciones judiciales en Bolivia y urgió al Estado a adoptar medidas «efectivas» para garantizar la independencia de los poderes y su debido funcionamiento.
Además de los estándares mencionados por Lima, la Comisión también consideró «imperativo» que estos procesos «estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación» para garantizar la confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones estatales.
Por ello, urgió al Estado, y en particular al Legislativo, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso para estos comicios.
La Constitución promulgada en 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los principales tribunales con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
A principios de mes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, sostuvo que ya no hay posibilidad de realizar los comicios este año, a falta del listado de candidatos que el Parlamento no ha podido preseleccionar hasta el momento.
El proceso de preselección quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales ante acciones presentadas por parlamentarios opositores en contra de la convocatoria y reglamentos aprobados en el Legislativo.
El Senado aprobó a fines de agosto un nuevo «Proyecto de Ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024» que todavía no ha sido tratado en la Cámara baja.
En el Legislativo el MAS tiene la mayoría, pero no posee los dos tercios de votación para la aprobación de las normas más importantes.
A esto se suman las tensiones entre las facciones oficialistas afines al presidente Luis Arce y al exmandatario Evo Morales (2006-2019) que también han supuesto otra traba para la preselección.