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sábado, octubre 16, 2021
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Gremios periodísticos rechazan proyecto de ley que elimina el secreto profesional

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que indica que no se podrá invocar el secreto profesional cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información.

La ANPB expresó su rechazo al artículo 11 del proyecto de ley que señala que no se podrá hacer uso del secreto profesional o confidencialidad cuando la UIF requiera información que podrá ser obtenida de manera directa sin orden judicial o trámite previo.

«La imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos», explica el comunicado de la ANPB.

El artículo en cuestión vulnera la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Constitución y el secreto de imprenta que ayuda a investigar a los periodistas temas de corrupción o la fiscalización del poder, señala el boletín.

«Al eliminar el secreto de imprenta se intenta instituir una ‘ley mordaza’ para evitar que el periodismo investigue los malos manejos y así aumentar el secretismo y la opacidad en la administración de recursos públicos», sostiene el comunicado de la ANPB.

Con esta situación la «democracia se debilita y se incrementa la corrupción», añade el boletín.

Ante esta situación los gremios periodísticos se declaran «en emergencia» ante este intento de «silenciar» a los medios y anuncian que harán una denuncia internacional para proteger la libertad de expresión en el país.

«Sin libertad de expresión no hay democracia y la democracia muere cuando no hay luz ni transparencia», finaliza el comunicado.

El proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue aprobado en grande y en detalle el viernes por la Cámara de Diputados y el documento pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

Los partidos opositores alertaron de este artículo que atentaría a la libertad de la prensa.

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