La Iglesia católica, los sindicatos de maestros y la oposición criticaron el nuevo contenido educativo generado por el Gobierno de Luis Arce que se impartirá a partir de este año, al considerar que se hizo de forma unilateral y que no se garantizaron los recursos para su puesta en marcha.
En un comunicado leído por el presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Fernando Bascopé, la Iglesia católica manifestó este miércoles que «ve con profunda preocupación» que los contenidos de la «nueva malla curricular» educativa «comprometen seriamente» los escasos logros de las dos últimas gestiones escolares.
«Esta currícula no prioriza la calidad educativa y fue definida unilateralmente, al no contar con el aporte y reflexión de las instituciones que trabajan en educación», indica el comunicado, que también considera que el tema «no fue bien trabajado» y eso queda patente en los reclamos de las federaciones de maestros y padres de familia al respecto.
Según la CEB, los gobiernos subnacionales «no tienen clara la responsabilidad que deben asumir» con la nueva currícula en cuanto a la dotación de material técnico y escolar, o la construcción y mejora de infraestructuras para aplicar los nuevos contenidos.
La iglesia manifestó sobre todo su preocupación por la inclusión de temáticas «que son propias del fuero interno de la familia» y que, «al ser tratados sin un contexto familiar, afectivo y emotivo adecuado» pueden producir «confusión y desorientación».
Mencionó como ejemplo la «educación sexual integral» que, según dijo, está presente «en todos los planes educativos» desde el nivel inicial hasta secundaria.
Los docentes de escuelas de las áreas urbanas protestaron este miércoles en La Paz para exigir que el Gobierno garantice nuevos ítems y presupuesto para la puesta en marcha de la malla curricular que, según aseguraron, se elaboró sin la participación de ese sector.
«No nos oponemos a que se enseñe inglés, computación, artes plásticas o robótica, lo que estamos pidiendo es que estas nuevas asignaturas tengan su carga horaria y sean dictadas por maestros de especialidad», dijo a los medios el dirigente José Luis Álvarez.
Los docentes urbanos tendrán una reunión nacional el próximo 26 de enero en la que analizarán el asunto y definirán si acompañarán o no el inicio de clases previsto para el 1 de febrero.
Denuncia de adoctrinamiento
La diputada Laura Rojas, de la fuerza opositora Creemos, denunció por su parte que el Gobierno introdujo en los textos oficiales para sexto de secundaria un capítulo sobre la crisis de 2019 en el que se habla de que ese año hubo un «golpe de Estado».
«Vemos esto como una aberración, como algo vergonzoso, un adoctrinamiento, están pretendiendo adoctrinar a nuestros estudiantes a través de mentiras, de historias que no son realidad», señaló.
El oficialismo asegura que la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, y sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
Según Rojas, en diciembre pasado la bancada de Creemos hizo una petición de informe al ministro de Educación, Édgar Pary, para que explique los cambios en la currícula educativa que hasta el momento no tuvo respuesta.
El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, sostuvo que la historia «son todos los acontecimientos que se suscitan en un país» e indicó que, si bien los textos son de uso obligatorio en las escuelas públicas, los maestros pueden complementarlos con otra bibliografía que no implique gastos adicionales a las familias.
El Gobierno ha asegurado que la actualización curricular fue consensuada con distintos sectores y responde a una demanda de la comunidad educativa.
También defiende que ha habido talleres y cursos especializados sobre los nuevos contenidos para los docentes.