Una leve esperanza se abrió en el camino del frustrado intento por renovar legalmente a los magistrados del país, al lograrse un «acuerdo» entre las agrupaciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa, que hizo posible que el Senado aprobara, por dos tercios, un proyecto de «Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales». Ahora el proyecto debe aprobarse en la Cámara de Diputados, para lo cual se busca lograr también un acuerdo. Los jefes de bancada de las tres organizaciones políticas con representación en la Cámara baja se reunirán este martes para intentar llegar a un acuerdo. Los jefes de las bancadas de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Andrés Flores, y de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi, confirmaron por separado, que se está buscando llegar a un acuerdo.
Se supo que CC planteará el tratamiento urgente del proyecto de ley que surgió del Senado, pero además, pedirá que se apruebe el proyecto de ley que regula las interpelaciones y censuras a los ministros de Estado. De esta manera se han tendido líneas de acción que, de culminar en acuerdos hagan posible la renovación judicial, pero sin duda, todavía quedan escollos por vencer debido a las susceptibilidades que existen tanto en el oficialismo como en la oposición. Creemos y CC desconfían del MAS debido a las declaraciones contradictorias de algunos parlamentarios de esa fuerza política, que se encuentra dividida. Inclusive en la agrupación Creemos, inicialmente se descartó cualquier posibilidad de acuerdo, aunque también algunos representantes se abrieron a escuchar las propuestas.
El proyecto de ley aprobado por Senado, signado con el número 144, determina que los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), deben superar 65 puntos para pasar a la preselección. Este proceso contará con la participación de veedores nacionales e internacionales. El artículo 7 del proyecto de ley establece que diversas instituciones podrán acreditar un representante por cada Comisión Mixta, para actuar como veedores o fiscalizadores de la fase de preselección. Se tomará en cuenta a las universidades públicas y privadas; los colegios de abogados y de auditores o contadores públicos; las asociaciones de periodistas y medios de comunicación; las fundaciones y asociaciones civiles y/o profesionales, las organizaciones sociales, empresariales, laborales, indígenas, gremiales o de cualquier otra naturalezas o finalidad.
Las instituciones podrán hacer conocer su informe de observaciones a la presidencia de las Comisiones Mixtas para que sea puesto en conocimiento de los asambleístas, y será leído en la sesión de aprobación de los informes finales de las comisiones, antes de la votación; y lo propio al presidente nato de la Asamblea, dará lectura de los informes en la sesión plenaria de la preselección, antes de la votación. Sobre la veeduría internacional, el artículo 8 de la propuesta legal señala que la «Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas – ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que participen en calidad de veedores de todas las etapas del proceso de preselección.
La normativa señala que solo los postulantes que cumplan los requisitos comunes y específicos llegarán a la etapa de evaluación de méritos, cuya calificación tendrá un valor de 100 puntos, pero se podrá pasar la etapa con 65 puntos. Este hecho fue criticado por algunos juristas que consideran que se debe buscar la excelencia y no que se pase con una nota mínima. Los criterios de evaluación tomarán en cuenta experiencia profesional (50 puntos), formación académica (40 puntos) y producción intelectual (10 puntos).
Varios juristas, docentes universitarios y dirigentes de colegios de abogados lamentaron que se haya eliminado el examen de competencia y la entrevista en la que se pueden evaluar factores de personalidad y valores. Hicieron conocer su preocupación por el riesgo de que se vuelva a perder la independencia que es imprescindible para la justicia. Temen que se mantenga el riesgo de la cooptación o posible cuoteo en la selección de los candidatos sobre la base de los concursos de méritos, adicionando afinidades políticas. De acuerdo con los plazos de la propuesta, la ALP tendrá 45 días para realizar el proceso de preselección de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral contará con 90 días para organizar y convocar a las elecciones judiciales. De cumplirse los plazos y procedimiento, las elecciones judiciales se realizarían en enero de 2024 y los nuevos magistrados y consejeros asumirían cargos el mes de febrero.