El odio político, la falsedad ideológica, la desinformación, la mentira como instrumento, la destrucción de las instituciones fundamentales como la justicia, la policía y la propia administración estatal, están acabando con la credibilidad en el Estado, y ponen en riesgo el proceso democrático. Hechos como inventar un golpe de estado para perseguir a la oposición, o los presuntos «planes negros» para desestabilizar al gobierno, o las supuestas conspiraciones contra el jefe del MAS; las acusaciones de protección al narcotráfico sin aportar pruebas, o las denuncias de corrupción que se elude investigar seriamente, están contaminando la relación de la sociedad con las autoridades que van perdiendo el poco respeto que ya se les debe.
La degradación de la justicia ha hecho que la impunidad se imponga, y de paso a excesos repudiables, como las agresiones políticas y las acusaciones sin bases sólidas mediante las redes sociales y hasta por los medios de comunicación. Ejemplos de los desbordes se dieron en Cochabamba, cuando un grupo de personas que apoyaban a la organización política «Súmate», propinaron una golpiza a la concejala Claudia Flores, por haberse aliado con el MAS en las acciones destinadas al control de la directiva del Concejo Municipal. En otro episodio parecido, un grupo de «autoconvocados» agredió a la asambleísta del MAS, Mariel Cruz, quien sufrió graves lesiones. Otro grupo, al que se identificó como afín al oficialismo, tomó violentamente la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb); los temores de Evo Morales por acciones de gobierno en su contra, o las supuestas «intensiones oscuras» o un «plan negro» de parte de Evo Morales y algunos sectores para desestabilizar al Gobierno nacional. Además, parece que esta guerra sucia no tiene visos de parar, y todo lo contrario, amenaza con desbordarse, si no lo hizo ya, porque no solo se utilizan las redes sociales para lanzar acusaciones graves, sino que se sorprende a los medios de comunicación, que dan paso a declaraciones de tono elevado. Los medios, para evitar caer en censura, dan paso bajo la consideración de que los responsables son quienes tienen la palabra.
Precisamente en estos momentos, está en debate en la ONU el tema de la desinformación y la incitación al odio mediante las redes sociales. El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, presentó un informe sobre la veracidad en las plataformas digitales. Fundamentó su propuesta afirmando que la proliferación del odio y las mentiras en internet representa un «grave peligro a escala global» que el mundo debe afrontar, durante la presentación de su informe sobre la veracidad de la información en las plataformas digitales. «La proliferación del odio y la mentira en el espacio digital está causando un grave daño global, ahora mismo. Y alimenta conflictos, muerte y destrucción, ahora. También amenaza la democracia y los derechos humanos y socava la salud pública y la acción por el clima… ahora», explicó.
El titular de la ONU reconoció los beneficios que aportan las plataformas digitales al apoyar a las comunidades en tiempos de crisis y lucha, al potenciar las voces marginadas y la ayuda a movilizar movimientos globales por la justicia racial y la igualdad de género. Sin embargo, indicó que también se usan indebidamente para desvirtuar la divulgación científica y propagar la desinformación y el odio a miles de millones de personas, avivando conflictos, amenazando la democracia, los derechos humanos, socavando la salud pública y la acción climática. Por ello, señaló que esta amenaza mundial exige una acción internacional coordinada para lograr que el espacio digital sea más seguro e inclusivo, y que, al mismo tiempo, proteja los derechos humanos. «Sus propuestas están dirigidas a crear medidas de protección para ayudar a los gobiernos a unirse en torno a directrices que promuevan los hechos, al tiempo que exponen conspiraciones y mentiras, y salvaguardan la libertad de expresión e información», especificó.
El informe presenta el marco para conseguir una respuesta mundial organizada a través de un Código de Conducta para la veracidad de la información, por el que «Los gobiernos, las empresas tecnológicas y otras partes interesadas deben abstenerse de utilizar, apoyar o amplificar la desinformación y la incitación al odio con cualquier fin. Los gobiernos deben garantizar un panorama mediático libre, viable, independiente y plural, con fuertes protecciones para los periodistas. Las plataformas digitales deben garantizar la seguridad y la privacidad desde el diseño en todos los productos, junto con una aplicación coherente de las políticas y los recursos en todos los países e idiomas. Todas las partes interesadas deben tomar medidas urgentes e inmediatas para garantizar que todas las aplicaciones de inteligencia artificial sean seguras, responsables y éticas, y cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos. Las empresas tecnológicas deben alejarse de los modelos de negocio que priorizan el compromiso por encima de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad. Los anunciantes y las plataformas digitales deben garantizar que los anuncios no se coloquen junto a mensajes de desinformación o incitación al odio en línea, y que no se promuevan anuncios que contengan desinformación. Las plataformas digitales deben garantizar una transparencia significativa y permitir el acceso de investigadores y académicos a los datos, respetando al mismo tiempo la privacidad de los usuarios».