El pueblo boliviano desea vivir en paz, es una realidad, y con seguridad espera que todos los esfuerzos del país se canalicen para solucionar los problemas de salud y la crisis económica, como objetivos prioritarios. Lamentablemente, pese a los anuncios del gobierno de que buscaría la reconciliación, hay señales preocupantes que encaminan al país hacia nuevas confrontaciones. Los organismos internacionales promueven la pacificación, y han hecho diversos llamados a la concordia y a resolver los problemas mediante el diálogo y la justicia. Pero los hechos demuestran que desde el oficialismo se busca la confrontación.
La oposición, lejos de plantear soluciones y alternativas parece carecer de respuestas y está demostrando que es incapaz de reconocer sus propios errores, y menos de analizar objetivamente la situación para afrontar el futuro. Los llamados a una concertación que lleve al país a una relación en democracia solamente encuentran oídos bloqueados por el dogmatismo, el odio, la búsqueda de revancha o las ambiciones que pretenden pasar por encima de todo, especialmente por encima de la racionalidad.
Nuevamente la ONU hizo un llamado para que se logre un acuerdo para una segunda etapa de pacificación en base al respeto a los derechos humanos y la promoción de los espacios de diálogo, aprovechando las elecciones subnacionales. El llamado fue del subsecretario del Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA), Miroslav Jenca, que concluyó su visita al país para apoyar en la pacificación y la reconducción del proceso democrático. El funcionario de Naciones Unidas observó que persisten divisiones en el país que requieren un esfuerzo colectivo, que tendrá el apoyo de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Susana Sottoli. La ONU y otros organismos internacionales apoyan al proceso de las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejeros.
La necesidad de que bajen las tensiones y el país pueda desenvolverse en armonía es imprescindible. Cuando Luis Arce Catacora asumió la Presidencia, lanzó algunas ideas alentadoras. Daba la impresión de que la nueva administración del país propiciaría la reconciliación. Aunque todavía es muy prematuro para valorar el criterio del actual gobierno frente a las Fuerzas Armadas y la Policía, hay señales inciertas. Desde que se instaló el nuevo gobierno hubo preocupación por represalias contra policías, y antagonismo hacia los militares. Pero al mismo tiempo, la posición expresada por el presidente Luis Arce, despertó esperanza, cuando posesionó al coronel Máximo Jhonny Aguilera M., como nuevo Comandante General de la Policía Boliviana. Entonces planteó iniciar un nuevo ciclo de reinstitucionalización bajo los principios de disciplina, dignidad, institucionalidad, y combatir la corrupción interna. Lo alentador fue que Arce dijo que «no debemos tener una Policía politizada ni tampoco una Policía que sea un instrumento de persecuciones al que piensa diferente, al que opina diferente, sino una policía institucionalizada». Efectivamente, los organismos de seguridad del Estado tienen que cumplir su misión institucional sin injerencia política partidaria. Esa es la única garantía para evitar que se disloquen sus funciones. Desgraciadamente, queda el antecedente de que, en el anterior gobierno del MAS, se decidió ideologizar al brazo armado del país. Evo Morales en varias oportunidades instó a los comandantes castrenses a «ideologizar» a las Fuerzas Armadas con una visión anticolonialista y antiimperialista. El año 2014 fue más allá y ya calificó como socialista a la institución armada. Lo mismo se hizo con el sistema judicial.
Hoy, nuevamente se activan acciones contra políticos de la oposición, ex autoridades del gobierno transitorio, militares y policías, y la justicia actúa liberando de culpas a los militantes del MAS sin analizar sus delitos, pero apresura actuaciones contra la oposición. El Ministerio Público admitió una demanda por el delito de terrorismo presentada por una ex diputada del Movimiento al Socialismo, contra el líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, el ex comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Williams Kaliman, el general Carlos Orellana, Cnel. Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe de Estado Mayor y contra el ex comandante de la Policía, general Yuri Calderón.
Todos estos aprestos muestran una vez más que hay mucha distancia entre lo que se dice, anuncia o promete, y lo que se hace. Es una constante de la política criolla que late muy lejos de los principios de la verdad, de honrar compromisos y respetar la palabra empeñada.
(*) Ex Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz