La Fiscalía imputó este miércoles al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, por enriquecimiento ilícito y solicitará su detención preventiva por seis meses debido a las denuncias por el supuesto cobro de sobornos en adjudicaciones estatales.
«Hemos emitido la resolución de imputación formal en contra del señor Juan Cruz, el delito por el cual estamos imputando es el tema de enriquecimiento ilícito (…) el fiscal (del caso) va a solicitar la detención preventiva por seis meses», declaró el fiscal departamental de La Paz, William Alave, en una rueda de prensa.
En los últimos días se conocieron denuncias contra Santos, quien renunció a su cargo el fin de semana pasado, y algunos de sus familiares en supuestos sobornos a algunas empresas que se adjudicaron proyectos del ministerio que encabezaba.
Alave dijo que los indicios contra el exministro son algunas «transferencias bancarias» por 297.435 bolivianos (42.734 dólares) a un sobrino suyo y 98.555 bolivianos (14.160 dólares) hacia una funcionaria cercana.
Asimismo, en la víspera se tomó la declaración de la funcionaria que denunció los hechos y que admitió que recibió unos 19 millones de bolivianos (unos 2,7 millones de dólares).
Según el testimonio de la mujer, se compraron dos haciendas y un frigorífico en el departamento de Pando, cuatro vehículos de lujo y un camión, además de unos «27 inmuebles» en Tarija y Santa Cruz, indicó.
Alave aseveró que se ha instruido la «ampliación de la imputación» contra la funcionaria que sirvió de nexo para esas compras y que en la investigación se analizará «ampliar (la acusación) por otros tipos penales» contra los involucrados.
En esta jornada, el presidente Luis Arce tomó juramento a Rubén Méndez como nuevo ministro de Medio Ambiente y Aguas y enfatizó que en su Gobierno «no hay tolerancia a la corrupción».
El mandatario advirtió que existen varias personas que utilizan su nombre y el del vicepresidente, David Choquehuanca, aprovechando «la relación que tienen con ambos» para realizar gestiones y que estos hechos deben denunciarse «para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley».
El caso del exministro Santos se suma a los de los extitulares de Desarrollo Rural y Tierras Wilson Cáceres y Edwin Characayo y de Educación Adrián Quelca, que afrontaron acusaciones por irregularidades y fueron removidos de sus funciones.