El gobierno central retrocedió en su intención de postergar hasta 2024 la realización del Censo Nacional, luego de las protestas de las regiones que se declararon en emergencia por considerar que se trata de una maniobra política y un grave atentado a las bases de planificación del desarrollo de los departamentos y ciudades más poblados del país. El Ministerio de Planificación, mediante un escueto comunicado asegura que no se tomó ninguna decisión sobre el Censo y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) efectuó una «sugerencia». Tal parece que solamente fue un «globo de ensayo» que se lanzó para probar la reacción de las gobernaciones, municipios y organizaciones cívicas.
En su comunicación el gobierno nacional manifiesta que «no ha definido el año en que se realizará el Censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia». Anteriormente, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia informó que la preparación del Censo tomaría al menos tres años y adelantó que el mismo podría realizarse, en el mejor de los casos en 2024. El anuncio desató las protestas y el anuncio de movilizaciones desde los comités cívicos, de autoridades electas en gobernaciones y municipios, así como de partidos políticos. Legisladores de oposición también cuestionaron esta decisión alertando fines políticos y económicos dirigidos a evitar la redistribución de recursos durante el gobierno de Luis Arce. El Comité pro Santa Cruz fue el más enérgico, se declaró en emergencia y pidió que las autoridades del INE den un paso al costado si es que no pueden organizar la realización del Censo inmediatamente.
El Instituto Nacional de Estadística argumenta que el Censo debe diferirse debido a retrasos en la gestión, atribuidos a la secuela de la pandemia de coronavirus. El director de esa institución, Humberto Arandia, explicó a medios televisivos que la pandemia del coronavirus retrasó al menos un año de trabajo y que el Censo no estaba planificado para el 2022, sino para un año después. Reiteró que desde el punto de vista técnico la preparación de un censo tarda aproximadamente cuatro años, pero gracias a la tecnología se podría reducir a tres años y medio, siempre que estén dadas las condiciones financieras y logísticas. «No es un proyecto de dimensión política como lo quieren hacer ver algunos observadores y analistas», subrayó.
Añadió que el proyecto censal se inició a principios del 2019 e incluso el documento de contratación se gestionó a finales del 2018, pero durante el 2020 el INE tuvo cuatro cambios de directores ejecutivos y muchos de ellos no le dieron una secuencia lógica al proyecto censal y por eso se tuvo que retrasar. Acotó que una de las complejidades para realizar el Censo es el desplazamiento de una fuerza de encuestadores conformada por al menos 200.000 personas y otra es la actualización de la cartografía. Pero la oposición observa incumplimiento de deberes y falta de voluntad política. El diputado por la agrupación Creemos Erwin Bazán manifestó que «aceptar la postergación del censo equivaldría a aceptar que el gobierno central masista confisque los recursos de todos los bolivianos y de todas las regiones», dijo. Afirmó que era obligación del INE y del gobierno central, planificar el nuevo censo inmediatamente que concluyó el de 2012.
La reacción de gobernadores, alcaldes, comités cívicos y entidades regionales en general tiene su justificación en la necesidad que el país pueda tomar decisiones sobre datos actualizados. Precisamente la importancia de un censo nacional de población y vivienda permite a todas las instituciones nacionales planificar sus acciones, determinaciones y proyectos sobre la base de información social actualizada que haga posible una mejor distribución de los recursos del Estado, así como desarrollar proyectos sobre la realidad nacional y no sobre la demagogia, los caprichos políticos o los intereses de la corrupción organizada que como se ha visto en el reciente pasado motivaron el destino de enormes cantidades de la reserva monetaria nacional y los créditos a proyectos defectuosos, mal concebidos y muchas veces innecesarios. Planificar el futuro requiere información sólida, y el censo ofrece las herramientas más valiosas para lograrlo.