Un juzgado dispuso este lunes la detención preventiva por cuatro meses de 19 de las 57 personas detenidas en una operación policial contra la minería ilegal ejecutada hace unos días en el río Madre de Dios en Beni, informó el fiscal del caso, Tomás Choque.
«El juez ha dispuesto la detención preventiva de 19 personas y 38 (quedan) con detención domiciliaria, dijo Choque a los medios tras la audiencia cautelar realizada en La Paz y que duró más de siete horas.
Las personas con detención preventiva cumplirán esa medida en la cárcel de Villa Busch, en la ciudad de Pando.
Según Choque, el juez valoró los «elementos de convicción que se han colectado durante la etapa preliminar» del caso para emitir su resolución.
Recordó que en la intervención policial se confiscaron cuatro rifles y un revólver, munición y otros elementos que se empleaban «para realizar este acto de extracción de mineral de forma ilegal».
El fiscal agregó que se citará a «varios otros testigos» y habrá una «inspección técnica ocular» en la zona que fue intervenida.
El pasado viernes, la Policía Boliviana ejecutó un operativo en dos comunidades cercanas al río Madre de Dios, en el que fueron detenidas 57 personas y se destruyeron más de 27 dragas.
Las detenciones provocaron protestas en el municipio beniano de Riberalta, cuyos pobladores aseguran que los aprehendidos son meros trabajadores de cooperativas mineras auríferas autorizadas, aunque el Gobierno nacional sostiene que su actividad era ilegal.
Los familiares de varios detenidos llegaron hasta La Paz para exigir su libertad y denunciar que hubo excesos durante la intervención policial.
El vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, Zenón Guarachi, cuestionó que se haya intervenido en un área donde operan «cooperativas preconstituidas y legalmente establecidas» y no en zonas «donde sí hay ilegalidad», como el municipio de Apolo, en el norte de La Paz.
«Ni siquiera existen cooperativas ahí (en Apolo), pero estamos viendo que trabajan ilegalmente el oro. Pero donde hay cooperativas preconstituidas van directamente y arremeten contra nuestros compañeros asociados», lamentó.
Desde el año pasado se conocen denuncias de actividades mineras ilegales con maquinaria pesada en municipios del norte paceño e incluso dentro del parque Madidi, una de las reservas más biodiversas del mundo.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) difundió el mes pasado un estudio que reveló los altos niveles de mercurio hallados en el cabello de personas de 36 comunidades indígenas afectadas por la minería y el consumo de peces contaminados.
Las comunidades donde se hizo la investigación viven cerca de la rivera de la cuenca amazónica del río Beni y sus afluentes, como el río Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios, que también se sobreponen a importantes áreas protegidas del país como el Madidi.
El Gobierno de Luis Arce aseguró estar «preocupado» ante la información de estudios como el del Cpilap, al justificar el operativo en Beni.
Las autoridades nacionales anunciaron este lunes dos normas para proteger la salud humana de la contaminación por mercurio generada por actividades mineras auríferas y recordaron la vigencia de un decreto para regular el uso y comercialización de ese elemento.