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La legalización del aborto se considera en un proyecto de ley de derechos sexuales

La legalización del aborto forma parte de un proyecto de ley de ‘Derechos Sexuales y Reproductivos’ que se presentará en el Parlamento como una forma de prevenir los decesos de mujeres a consecuencia de prácticas clandestinas, señaló este lunes la senadora Virginia Velasco.

«Esperamos que este tema del aborto se pueda debatir de manera amplia (en el Legislativo), tenemos que sacarnos el tabú de nuestra mente», aseguró la legisladora del Movimiento al Socialismo (MAS).

Velasco mencionó que la propuesta es una ley «integral» sobre los derechos sexuales que se está «socializando» o difundiendo en varias regiones del país y que se espera esté lista para su presentación al Parlamento.

Velasco dijo que «se puede» legalizar el aborto en Bolivia puesto que actualmente el país cuenta con una sentencia constitucional además de recomendaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este aspecto.

La legisladora compartió el avance de la propuesta de ley la pasada semana en la VIII Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que se desarrolló en la ciudad noruega de Oslo.

La norma propone un «único requisito» para la interrupción del embarazo, que es la firma del «consentimiento informado» de la gestante sin que sea necesario que el centro médico que la atiende pida un trámite adicional.

El aborto legal también puede cumplirse en los casos de que peligre la vida de la madre, que existan malformaciones congénitas incompatibles con la vida, mientras que en los casos de violación, estupro o incesto se seguirán los protocolos vigentes.

Aunque estas tres causales ya forman parte de la legislación boliviana bajo la figura de «aborto impune», mientras que la práctica abortiva es sancionada entre 1 a 10 años de prisión cuando no están dentro de las excepciones.

En 2014, una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que las víctimas de violación no requieren autorización judicial para interrumpir la gestación, mientras que en los casos en los que la vida de la madre corra peligro, basta con el informe médico para proceder.

En el último tiempo varias organizaciones no gubernamentales y representantes de países y organismos internacionales se han pronunciado en favor de la despenalización del aborto como parte de una política integral que trate los derechos reproductivos de las personas.

Según la organización Ipas Bolivia, en el país andino se practican más de 50.000 abortos clandestinos al año, y se estima que estos son la tercera causa de muerte materna.

El Ministerio de Salud señaló en un reporte preliminar que en 2023 hubo 32.508 embarazos niñas y adolescentes, de los que 2.136 correspondieron a menores de 15 años.

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