2018 ha resultado un mal año para la libertad de expresión, que ha sido sometida a restricciones en diversas partes por regímenes adversos a los principios democráticos. De hecho, en el mundo se ha incrementado la hostilidad hacia los periodistas y los medios. Desgraciadamente, Bolivia, no escapa a esta realidad, pese al convencimiento de que el periodismo ha contribuido en forma decidida al fortalecimiento de la democracia en el país. El actual gobierno ha virado en cuanto al respeto al derecho de todos a conocer la verdad e informarse y expresar sus sentimientos por cualquier medio de comunicación, y ha desatado una marcada hostilidad hacia los medios independientes.
La edición 2018 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) muestra un incremento de la hostilidad hacia los medios de comunicación, alentada por algunos dirigentes políticos y por los regímenes autoritarios. RSF cada año evalúa la situación del periodismo en 180 países, muestra que existe un clima hostil y en algunos países, un sentimiento de odio hacia los periodistas, como Turquía que figura en el puesto 157 y Egipto en el lugar 161 del ranking.
Cada vez más jefes de Estado elegidos de forma democrática ven a la prensa, no ya como uno de los pilares fundamentales de la democracia, sino como un adversario frente al cual muestran abiertamente su aversión. Estados Unidos, ha retrocedido dos posiciones en la clasificación y ahora ocupa el lugar 45. Recordemos que el presidente, Donald Trump, ha calificado a los reporteros de «enemigos del pueblo».
En Latinoamérica, organismo defensor de la libertad de prensa considera que Costa Rica, Uruguay, Surinam y Chile son los países latinoamericanos con mejores condiciones de trabajo de los periodistas. En el otro extremo se encuentran Honduras, Venezuela, México y Cuba, que son las naciones que ocupan los sitiales más bajos en garantizar el trabajo de los medios de comunicación.
Bolivia actualmente ocupa el puesto 110 en libertad de prensa sobre un total de 180 países, según el ranking global de Reporteros Sin Fronteras. Descendió tres lugares respecto a la clasificación del año 2017 cuando se situaba en el 107. El gobierno desarrolla una innecesaria hostilidad contra algunos medios de comunicación independientes. También se ha calificado a los periodistas como enemigos, pero felizmente en Bolivia existe una convicción generalizada de que la libertad de expresión es esencial para la vigencia de las demás libertades.
Se ha intentado varias veces aprobar en el país una ley mordaza, pero hasta ahora, todas las tentativas fueron frenadas por una fuerte reacción ciudadana. De todas maneras, se han aprobado leyes y normas aisladas e incorporadas en instrumentos legales que nada tienen que ver con la comunicación, para restringir la información. La Asociación Nacional de la Prensa, en un comunicado señalaba que «el discurso gubernamental de estigmatización del trabajo periodístico (…) muestra el grado de presiones directas e indirectas con la finalidad de silenciar el tratamiento de temas de interés público, pero incómodos para los círculos de poder».
El último acto de restricción al acceso libre a fuentes de información fue dispuesto por la Fiscalía General del Estado, que emitió un instructivo de «coordinación con los medios de comunicación» emitido por el fiscal Juan Lanchipa, dirigido a los fiscales y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en el que prohíbe brindar información a los periodistas sobre casos de importancia o gravedad.
Se prohíbe a los funcionarios informar. «No podrán atribuirse la calidad de vocero y asumir representación no delegada del Ministerio Público, tampoco podrán declarar en los medios de comunicación o brindar información sobre casos de especial importancia, gravedad, o de aquellos que causen gran impacto social, sin previa coordinación y autorización de la máxima autoridad institucional», reza el primer punto del documento emitido el 26 de noviembre de 2018.