La responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico volvió después de un año a manos del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del expresidente Evo Morales con la toma de juramento este viernes del nuevo «zar antidrogas» del país, Jaime Mamani Espíndola.
Mamani juró como nuevo viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas ante el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en un acto en La Paz.
«Yo vengo de los movimientos sociales del Trópico de Cochabamba», sostuvo el nuevo viceministro, quien también aseguró que su «compromiso» radica en las «múltiples luchas y resistencias» de esa zona productora de hojas de coca contra el «avasallamiento» de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
La DEA y los militares estadounidenses, «usando como pretexto la lucha contra las drogas, intentaban controlarnos, manipularnos y, al mismo tiempo, hostigarnos como sucedió en los años 90», agregó.
Situado en el centro de Bolivia, el Trópico de Cochabamba es una de las principales zonas cocaleras del país donde Evo Morales forjó su liderazgo sindical y político.
Morales, que desde hace décadas se mantiene como máximo dirigente de los cocaleros de esa zona, expulsó de Bolivia a la DEA en 2008, en un contexto de acusaciones a Estados Unidos de conspiración contra su Gobierno que Washington siempre ha negado.
Durante los casi catorce años de Gobierno de Morales, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas estuvo en manos de un cocalero de esa zona, Felipe Cáceres.
Cáceres pidió asilo en Nicaragua y salió del país junto a su familia hace un año con salvoconductos entregados por el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez tras la crisis social y política de 2019.
Los planes
El viceministro Mamani aseguró que en su gestión dará continuidad a la política de «nacionalización de la lucha contra el narcotráfico» puesta en marcha durante la Administración de Evo Morales porque «ha tenido grandes resultados» y ha sido destacada por organismos internacionales.
Aquella estrategia consiste en la «racionalización y control social» de la producción de hojas de coca para disminuir las superficies netas destinadas al cultivo de la planta, explicó por su parte el ministro Del Castillo.
Un plan que se basa en la «concertación con los propios productores», mediante «acuerdos de reducción voluntaria y pacífica» y sin «violencia estatal» en el Trópico de Cochabamba y los Yungas, otra zona cocalera, indicó.
«Vamos a retomar esta lucha y las cosas que haya que mejorar las vamos a hacer al lado de nuestra Policía Boliviana y nuestro flamante viceministro», concluyó Del Castillo.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.
La Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señaló en su informe anual que los cultivos de coca en Bolivia aumentaron un 10 % en 2019 con relación al año anterior, al pasar de 23.100 a 25.500 hectáreas.
En 2017, el entonces Gobierno de Morales amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.