La violencia en el país se manifiesta cada vez con mayor fuerza, haciendo más difícil su control. Tiene su impulso en el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, la toma de tierras, la minería ilegal, la quema de bosques, la violencia intrafamiliar, los feminicidios e infanticidios, y otros hechos que se presentan con mucha más frecuencia. Aunque el aumento de la criminalidad tiene diverso origen, hay un denominador común que es la inseguridad jurídica. Diversos casos son tratados de manera aislada, sin tomar en cuenta que son producto de situaciones que tienen, al margen de su propia complejidad, el aliento que significa de la impunidad, la retardación de justicia y la ausencia de autoridad que haga respetar el ordenamiento legal. La policía interviene contra protestas de la población que demanda respeto a las normas, y deja bloquear carreteras o cometer excesos a grupos afines al oficialismo.
La tolerancia policial en los bloqueos de carreteras en el oriente, pidiendo que se construya una carretera -a todas luces dañina para el ecosistema- son un ejemplo de esta contradicción con los anuncios del gobierno de que repudia los bloqueos que anuncian algunos sectores. La impunidad de los responsables de los incendios forestales, o sobre los numerosos hechos de corrupción, las transgresiones a la Constitución Política del Estado y a las leyes, tienen consecuencias en el libertinaje y la arbitrariedad sin castigo.
En las últimas horas se han producido dos hechos de violencia que son otros ejemplos de los efectos de la impunidad y de la tolerancia hacia determinadas manifestaciones delictivas. Se produjo un enfrentamiento entre comunarios y mineros auríferos en Cóndor Uta, municipio de Cocapata (Cochabamba). El abogado de los comunarios relató que luego de acudir a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y no obtener respuestas sobre la presencia de la minería aurífera ilegal en la zona, los comunarios instalaron una vigilia en el área del conflicto, donde los mineros habían instalado un campamento enmallado en una extensión de 10 hectáreas, en el área de propiedad de los comunarios. Según la versión del abogado, los mineros atacaron a los lugareños con dinamita y armas de fuego. Producto del enfrentamiento, al menos 12 personas resultaron heridas, dos de gravedad. Los pobladores de Cóndor Uta denuncian que los mineros contaminarían el agua del río que abastece del líquido vital a los pobladores y animales de Cocapata.
El otro hecho tiene que ver con la violencia con la que actúan los narcotraficantes. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que, en la intervención de una fábrica de cocaína, se registró una balacera entre miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y las personas que se encontraban custodiando un laboratorio. Dijo que se aprehendió a cinco personas, entre ellos dos colombianos. El funcionario refirió que la FELCN realizaba operativos en el municipio de Villa Tunari. En ese trabajo lograron localizar dos laboratorios de cocaína, y ocho fábricas de pasta base de cocaína. Se secuestraron cuatro vehículos y tres armas de fuego. Entre los aprehendidos, hay una mujer, según la información. Hechos como estos o la tramoya que se armó en el caso del presunto narcotraficante uruguayo que burla a la justicia, son evidencias de un descontrol que tiende a agravarse. Pero ara el gobierno, en el país no hay carteles de la droga.
Es urgente que se reponga la independencia judicial y reorganice el aparato policial. Todavía el país está a tiempo de evitar los extremos que enlutan a varios otros países. Recordemos que Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la expansión del narcotráfico y la violencia producida por el crimen organizado en América Latina. La Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) aclaró, no obstante, que esos no son los únicos desafíos que debe afrontar la región. También puso el foco en graves problemas que están creciendo como la corrupción, el tráfico de armas, la trata de personas, y el preocupante crecimiento en el consumo de drogas ilícitas.
Candice Welsch, representante de la Oficina contra la Droga y el Delito para la región Andina y el Cono Sur, ya en el mes de abril recomendó «reforzar los programas en la región, y poder prevenir problemas tan serios como los hay en otros países más al norte». Welsch reconoció que para que esta estructura criminal funcione, estos grupos sacan provecho de la corrupción: «Para facilitar todo eso necesitan lavar todo el dinero que viene del narcotráfico. Muchas veces hay otros actores que ayudan con esta parte y para facilitar todo esto hay también corrupción», dijo. Consultada por INFOBAE sobre cómo trabaja su Oficina con gobiernos que están señalados de tener estrechos vínculos con el narcotráfico, como Venezuela y Bolivia, entre otros, la funcionaria comentó que desde Naciones Unidas trabajan «con muchas autoridades diferentes»: «Por ejemplo, en Colombia tenemos trabajos con ministros, departamentos, municipios… La idea es apoyar sus esfuerzos pero también comprender lo que está pasando y de tener siempre un enfoque sobre anticorrupción». «Hay países por el momento donde no trabajamos con proyectos específicos, pero hay siempre responsabilidades; apoyamos mecanismos de evaluación, de implementación, de convenciones…», agregó.