La Defensoría del Pueblo pidió este miércoles revisar el uso excesivo de la detención preventiva que identificó como un «problema estructural» de la Justicia en el país, al referirse a la situación del líder cocalero César Apaza, encarcelado desde hace un año y quien sufrió hace unos meses una embolia en prisión.
La institución emitió un pronunciamiento en el que ratificó «la importancia de revisar la detención preventiva» en Bolivia, a falta de una semana para que se cumpla un año de la detención de Apaza, dentro de un conflicto entre productores de hoja de coca de La Paz por el funcionamiento de un mercado no autorizado para la venta de la planta.
La Defensoría señaló que «seguirá realizando la atención y seguimiento de los derechos» del cocalero y velará por la continuidad de la atención de su salud y el respeto al debido proceso, «dado que su caso también refleja un problema estructural de la justicia boliviana como es el uso excesivo de la detención preventiva».
El ente aseguró que desde que el dirigente fue encarcelado «realizó 25 acciones en defensa de sus derechos» que dieron lugar a que se le dé «atención médica, mental y jurídica».
Entre otras acciones realizadas en los últimos meses en defensa de Apaza, la Defensoría mencionó la emisión una resolución que logró que se abra una investigación penal sobre presuntos excesos cometidos en su contra durante su detención.
El mes pasado, la entidad coordinó con el Régimen Penitenciario para que un fisioterapeuta atienda en prisión al cocalero y envió un equipo «multidisciplinario» a visitarle «ante una descompensación en su salud física y mental», además de acompañarle en las audiencias virtuales dentro de su proceso.
Una delegación defensorial que visitó a Apaza este miércoles verificó que el dirigente sufre una «afectación psicológica, principalmente por las consecuencias indirectas a su esposa y su hijo, asumiendo culpabilidad de la situación familiar», señala el pronunciamiento.
Apaza fue detenido en septiembre de 2022 y encarcelado preventivamente, acusado de ser uno de los responsables de los destrozos en un mercado paralelo de la hoja de coca abierto por una facción de productores señalados de ser afines al Gobierno de Luis Arce.
El dirigente denunció entonces que fue torturado y obligado a golpes a firmar la recepción de su orden de captura.
La quema del mercado paralelo, que hace unas semanas finalmente fue declarado ilegal por las autoridades, se dio en medio de protestas de los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, a la que pertenece Apaza, que exigían el cierre del lugar.
En febrero pasado, el cocalero sufrió una embolia en prisión y fue llevado de emergencia a un hospital en La Paz, en medio de denuncias de una presunta negligencia de las autoridades para que el dirigente sea atendido oportunamente.
Apaza fue llevado nuevamente a la cárcel tras permanecer por casi un mes en el hospital sin completar sus sesiones de fisioterapia y sin explicaciones a sus familiares, según denunciaron éstos en su momento.