La violencia y la inseguridad en el país tiende a agravarse, sin que hasta ahora se haya logrado desarrollar una acción coordinada de la justicia, organismos de seguridad del Estado y las instituciones representativas de la ciudadanía, para frenar la escalada delictiva. A ello se suma la violencia de los sectores sociales que, atenidos a la impunidad, cometen excesos en una acción recurrente, alimentada por una tolerancia cómplice.
Recordemos también que bloqueos, destrucción de bienes públicos y privados; así como chicotazos y vejámenes se han dejado pasar sin sanción alguna. Lo que ha ocurrido en Santa Cruz con el ataque de un grupo de encapuchados que quemaron dependencias del Tribunal Electoral Departamental (TED) y atacaron otras instituciones públicas, debe merecer una imparcial investigación, debido a una serie de antecedentes que siembran dudas. Primero, pese a que se había convocado a una marcha de universitarios, se dejó sin o insuficiente protección policial al TED.
Los hechos vandálicos fueron atribuidos por los dirigentes universitarios a infiltrados. Pero de todas maneras, es imperioso investigar los hechos imparcialmente, dado que se tiene precedentes ante sucesos acaecidos en 2008. Los medios de comunicación han publicado versiones confusas tanto de autoridades que responsabilizan en una nítida acción de prejuicio, sin prueba alguna, a las plataformas ciudadanas, y a la oposición de planear los ataques. Pero en fotografías difundidas mediante las redes sociales y algunos medios de comunicación, se aprecian hechos que ameritan una investigación de un organismo imparcial, con preferencia internacional. Uno de los encapuchados con el torso desnudo tiene tatuada en la espalda la imagen del Che Guevara. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar pidió a la Policía investigar el hecho.
Desgraciadamente, el apasionamiento político, las circunstancias en las que una prematura campaña electoral desata agresiones verbales y descalificaciones mutuas entre el oficialismo y la oposición, son terrenos fértiles para la violencia, cuando la impunidad muestra su peor rostro, al haber desaparecido todo vestigio de confianza en la policía y la justicia. La forma como se acentúa la violencia es un factor que hace temer lo peor.
El temor porque en Bolivia se complique la inseguridad, tiene varios fundamentos, como son la creciente actividad del narcotráfico, incremento del consumo de drogas en la juventud, y la escalada de violencia delictiva que se ha desatado en las principales ciudades del país, a lo que se suma la actividad política que no mide consecuencias y hace todo lo posible por confirmar que para lograr sus fines no importan los medios.
Hay un grave problema nacional de inseguridad y violencia, que no se lo puede seguir soslayando, que está vinculado estrechamente a una serie de factores, entre ellos la descomposición de la Policía. La anulación de la independencia de la Justicia y el descrédito en el que se ha sumido el sistema judicial en su conjunto.
La violencia, cualquiera fuese su origen, debe ser frenada mediante procedimientos de ley. Tiene que sancionarse a todo aquel que haga uso de la violencia ya sea con fines políticos, ideológicos, religiosos o de otra índole. Tanto los actores materiales como intelectuales deben ser sometidos al veredicto de la justicia.