Los niños y mujeres son las principales víctimas de la violencia en Bolivia, en muchos casos dentro de sus propias familias, algo que sitúa a este país entre los más violentos de América Latina, según lo han reconocido sus autoridades.
Las variantes de violencia contra niños van desde acoso sexual, toques indebidos, violaciones, flagelaciones o quemaduras hasta lo más extremo, el infanticidio.
La situación de las mujeres no es distinta, ya que de enero a junio de este año se reportaron 61 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado difundidos esta semana.
En todo 2017 murieron 109 mujeres víctimas de la violencia machista.
La Fiscalía también informó sobre 37 infanticidios ocurridos entre enero y junio de este año, 20 de ellos en La Paz.
En declaraciones a Efe, la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teresa Zubieta, no ocultó su desánimo ante un problema «estructural» porque ha «trastocado valores y la ética» de las personas y que se manifiesta en el sistema judicial.
Según Zubieta, en muchos casos las víctimas no consiguen justicia porque no cuentan con recursos suficientes para cubrir los costes «tan altos» requeridos para llevar adelante un proceso judicial.
La funcionaria citó como ejemplo el caso de una niña con discapacidad mental que fue violada reiteradas veces por su agresor y que resultó embarazada.
El responsable es el dirigente de una comunidad rural y utilizó su influencia para agredir a los familiares de su víctima a fin de que desistan en denunciarlo, explicó.
La representante de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual, Jessica Echavarría, dijo a Efe que en la Fiscalía «no hay el personal suficiente» para atender los casos de violencia.
Señaló que se precisa un pronunciamiento de la Justicia para declarar «prioritarios» estos procesos, ya que «tardan mucho» y difícilmente se llegan a una sentencia, a menos que las denuncias se expongan en los medios de comunicación o las redes sociales.
Destacó que esta semana se logró una condena de 20 años contra un hombre que violó a su hija, a costa de que la víctima y su madre hayan tenido que peregrinar durante «más de un año» por justicia.
Los datos de la Fiscalía también dan cuenta de que durante el primer semestre se han registrado 12.746 casos de violencia familiar, la mayoría en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, las regiones más pobladas del país.
Esta semana conmovió el caso de una niña de dos años asesinada por su padrastro de 31, cuando éste la agarró violentamente del cuello y la arrojó al piso causándole un fuerte golpe en la cabeza.
Hace unos días también produjo indignación otro caso en una comunidad rural cercana a La Paz, de un anciano de 70 años acusado de violar a una niña desde que ésta tenía nueve.
Actualmente la menor, de 15 años, está embarazada de cinco meses, mientras que el agresor fue encarcelado.
Otro suceso que conmovió fue el de una mujer indígena que recorrió a pie más de 60 kilómetros desde la población de Tarabuco hasta Sucre, la capital constitucional del país, con dos de sus hijos a cuestas para escapar de su esposo agresor y pedir la custodia de otros dos.
La problemática ha trascendido al extremo que el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, durante un acto público el jueves dijo que Bolivia está entre los países «más violentos» de América Latina» y que es preciso salir en defensa de las víctimas.
La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, explicó Efe que parte de estos fenómenos, fundamentalmente de violencia hacia mujeres, responden a «una reacción del sistema patriarcal», ante un proceso de ampliación de sus derechos.
Según las fuentes consultadas, también existe un importante número de casos no denunciados que conforman un «subregistro» de la violencia y, por otra parte, queda pendiente conocer los casos que han llegado a tener sentencia.