El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este miércoles que en este mes la Fiscalía presentará la acusación formal en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez por la muerte de decenas de civiles durante la crisis de 2019.
«El fiscal general del Estado me informó que durante el mes de octubre van a presentar ya la acusación en los casos de Senkata y Sacaba que están en la parte final para la conclusión de los requerimientos acusatorios para llevar a juicio oral, público y contradictorio estos graves hechos», manifestó Lima.
Agregó que por este caso se investiga a Áñez y a «varios militares que han conformado el alto mando militar y policial, ministros» de 2019 y que podrían enfrentarse a la pena máxima en Bolivia, que es de 30 años sin derecho a indulto por el delito de genocidio «en la vertiente de masacres sangrientas».
«La acusación determina el inicio de un proceso penal, esa acusación tiene que ser objeto de análisis por un tribunal de juicio», aclaró el ministro.
Recalcó que el inicio del juicio penal debe ser de forma «permanente y continua» y que en el caso de Senkata el proceso se debe llevar a cabo en El Alto, mientras que el de Sacaba se desarrollará en Cochabamba.
En el caso de las muertes en Sacaba, ciudad vecina de Cochabamba en el centro del país, se menciona que los militares utilizaron «munición letal» en los enfrentamientos con grupos de civiles que derivaron en muertes, heridos y decenas de detenidos.
En Senkata, en la ciudad de El Alto, también murieron civiles en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad en 2019 durante la crisis política y social tras las elecciones que fueron anuladas por denuncias de irregularidades.
Lima realizó este anuncio al informar sobre el primer documento de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace un año estuvo en el país para evaluar la situación de los derechos humanos.
El ministro sostuvo que en el informe de las Mesa de Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones del GIEI se señala que, de las 34 recomendaciones realizadas, este primer año analizaron 15 de las cuales, dos han sido cumplidas totalmente, tres en cumplimiento parcial sustancial, nueve en cumplimiento parcial y una sola está pendiente.
La recomendación pendiente, según Lima, tiene que ver con que el «Órgano Judicial haga un control permanente a las investigaciones para garantizar celeridad y respeto al debido proceso legal».
«Preocupa el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances. Al respecto la CIDH recuerda al Estado que es fundamental la coordinación y compromiso de las Fiscalías para garantizar el acceso a la justicia», señala una parte del informe.
Lima aseguró que se están realizando «acciones propositivas» que serán informadas y se prevé que el próximo 10 de noviembre haya una reunión en Washington en la sede de la CIDH para exponer los niveles de cumplimiento de las recomendaciones realizadas.
A principios de año, un juez de El Alto se declaró competente para administrar el caso Senkata a pesar de que ese proceso junto al de Sacaba residen en el Parlamento desde mediados de 2021, instancia que debe decidir si procede un juicio de responsabilidades.
La exmandataria transitoria afronta varios procesos por la crisis de 2019, entre ellos un caso por el que fue sentenciada a 10 años de prisión al situarse «indebidamente» en línea de sucesión constitucional después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales y varias altas autoridades.
El oficialismo sostiene que las protestas registradas en ese año se debieron a un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición asevera que se cometió un fraude electoral a favor del entonces presidente en las anuladas elecciones de 2019.