El escándalo de corrupción durante el Gobierno argentino de los esposos Kirschner, toca a empresas que se adjudicaron millonarios contratos en Bolivia. El Consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia) y la empresa española Isolux-Corsán Corviam están involucradas en una presunta red de sobornos. Los antecedentes de la empresa, con su matriz en España, señalan que fue acusada ya anteriormente de maquinar acciones para conseguir adjudicaciones públicas en diversos países de África y Sudamérica a cambio de sobornos. Sus principales ejecutivos fueron procesados.
Ahora en Argentina, se rompió la cofradía de silencio que operó durante años en torno a empresas contratistas del Estado, y los empresarios involucrados en sobornos comenzaron a revelar los hechos a cambio de tolerancia o inmunidad. Cada uno ahora busca salvarse sólo. El juez federal Claudio Bonadio homologó los acuerdos de colaboración de los empresarios arrepentidos de Iecsa, y de la constructora española Isolux, quienes admitieron que hicieron pagos a exfuncionarios kirschneristas porque fueron presionados para aportar al financiamiento de las campañas.
La sistemática recolección de coimas fue descubierta a través de los cuadernos de anotaciones del chofer de un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirschner. En los manuscritos se describe cómo el conductor llevaba bolsas de dinero que empresarios pagaban como sobornos a autoridades gubernamentales. Uno de los empresarios capturados por este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, la misma que formó parte del consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia), que fue contratada por el Gobierno boliviano en enero de 2010 por 257 millones de dólares para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.
Lamentablemente la transparencia nunca logró abrirse campo en el país. Para la adjudicación de toda obra, por más pequeña que fuese, deben respetarse las normas legales, y además, como señal de responsabilidad funcionaria, deberían tomarse precauciones sobre la capacidad de cumplimiento de parte de la empresa adjudicataria, más aun cuando se trata de obras millonarias. Conocer los antecedentes de un proponente debería ser algo elemental, pero parece que en nuestro país se hacen adjudicaciones pensando en otros intereses totalmente ajenos a la calidad, garantía de cumplimiento, solvencia e idoneidad que deberían ser requisitos elementales.
Las permanentes denuncias de irregularidades en el cumplimiento de contratos, la forma como se eluden la normas legales, las adjudicaciones mediante procedimientos excepcionales, los perjuicios que sufre el Estado y las instituciones, y la impunidad tanto de funcionarios irresponsables, y autoridades incompetentes, hacen que las posibilidades de que las mejores empresas, poseedoras de jerarquía tecnológica, solidez económica y confiabilidad eviten terciar en un ambiente de dudosa calidad ética.
Lo peor es que mientras en Bolivia cada vez se hacen más permisibles las irregularidades y más permeables las condiciones y exigencias para contrataciones, en el mundo existen rigurosas regulaciones sobre prevención de sobornos y medidas contra la corrupción, que dan pautas cada vez más certeras para garantizar los negocios, investigar y conocer a todos los agentes, consultores, distribuidores y proveedores con los que se pueden efectuar contratos.
Recordemos que la empresa española Corsán-Corviam abandonó dos proyectos que se había adjudicado con el Gobierno boliviano: la construcción de la vía San Buenaventura-Ixiamas y la implementación del proyecto hidroeléctrico Miguillas, en el departamento de La Paz, ambas por un total de 534 millones de dólares. Anterior a las adjudicaciones, el periódico El Mundo de Madrid, publicó un reportaje señalando que Isolux Corsán -casa matriz de Corsán-Corviam- urdió una trama para conseguir adjudicaciones públicas en diversos países de África y Sudamérica a cambio de sobornos. El gigante español de la construcción e ingeniería de grandes infraestructuras tiene denuncias en por lo menos 13 países.
La versión señala que las prácticas de corrupción internacional de la transnacional incluían la entrega de dádivas y sobornos a funcionarios públicos con el fin de comprar información de los procesos de contratación para adjudicarse obras. Desgraciadamente, en Bolivia no hay ningún proceso de investigación sobre las actividades de esas empresas, pese a sus antecedentes y a que incumplieron los contratos y abandonaron las obras.