Las señales de polarización en el país son cada vez más antagónicas y su radicalismo se acentúa frente a una situación política que parece alentar la confrontación. Hay posiciones que parece que no podrán coincidir ni conciliar frente a algunas decisiones del oficialismo, que se considera que atentan contra los derechos y prerrogativas que la Constitución Política del Estado concede a la población, y que han generado la resistencia de organizaciones que ven en esas decisiones un peligro para la democracia. El gobierno apela a las bases de sustentación de las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo, que con sus rigideces agitan el resentimiento, el encono y hostilidad.
Lejos de buscar la armonía y soluciones a los múltiples problemas que vive el país, los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, se suman a la carrera sin sentido de del todo o nada. Pocas son las voces que reclaman el dialogo, la tolerancia y la búsqueda de encuentros. Las organizaciones que reclaman al gobierno la revisión de leyes que las consideran de alto riesgo para la vida democrática del país y para los intereses de los ciudadanos han logrado movilizar a varios sectores de la colectividad que ven en riesgo la propiedad privada y los bienes en general, frente a normas que buscan pasar por encima del ordenamiento legal y los derechos de los ciudadanos.
A su vez el gobierno ha movilizado a sus bases para enfrentar la resistencia de la oposición, y como producto de esa iniciativa, las organizaciones que apoyan al gobierno, especialmente los campesinos mediante sus diversas nominaciones, acordaron un Pacto de Unidad en torno al presidente Luis Arce, anunciando una «defensa inclaudicable» a su gobierno, a la vez que propone una serie de medidas radicales para frenar lo que consideran el «ataque sistemático de la derecha fascista». Consideran que existen «amenazas de golpes y separatismo apoyado por el imperialismo norteamericano». ¿Se puede calificar de fascistas y pro imperialistas los comerciantes minoristas, a los cooperativistas mineros, transportistas y otros sectores que rechazan las nuevas leyes del gobierno?
Que se estrellen contra «el imperialismo» o sus adversarios ideológicos es comprensible, pero lo que causó extrañeza fue que se pronunciaron contra el supuesto «papel nefasto de los medios de comunicación alineados y de propiedad de la derecha y la oligarquía neoliberal». En ese pronunciamiento se acusa a los medios de comunicación de apoyar los hechos de 2019 y que en la actualidad se busca «desestabilizar» al actual gobierno. Piden al gobierno una ley de comunicaciones, y anunciaron que su sector está elaborando un proyecto «Ley de Comunicación Indígena Originaria Campesina y Afro boliviana». No es la primera vez que desde el MAS se intenta coartar la libertad de expresión y el derecho del pueblo a ser informado verazmente, en varias oportunidades se ha atacado a los medios de comunicación independientes.
Por otra parte, el Pacto de Unidad firmado por campesinos e indígenas también plantea acciones al gobierno y una evaluación de la gestión. El pronunciamiento señala que «se determina coordinar con nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora, para el informe y evaluación como Pacto de Unidad, a los ministros, viceministros, directores nacionales, así como las autoridades de las empresas públicas estratégicas, considerando la gestión, ejecución presupuestaria, resolución de conflictos, compromiso político y orgánico, coordinación con las organizaciones sociales y la erradicación del ‘pitismo’ en las instituciones públicas».
Para algunos analistas este pronunciamiento puede responder a intereses de un sector del MAS con capacidad para mover a los campesinos, y lograr una mayor cuota de poder en el gobierno, para otros, simplemente se trata de una maniobra del gobierno para fortalecer su posición que se ha visto afectada por las movilizaciones y protestas de diversas organizaciones sociales, incluidas algunas que tradicionalmente apoyaban al gobierno del MAS, que difícilmente pueden ser catalogadas como pro imperialistas o fascistas. De todas maneras, el tono de los pronunciamientos tanto en contra del gobierno, como en su respaldo, muestran mucha animosidad que puede constituirse en ingrediente negativo para la paz social.