Las multitudinarias manifestaciones del domingo en favor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, demostraron que la polarización política sigue atenazando a la mayor economía latinoamericana, pendiente de realizar profundas reformas.
La apuesta era arriesgada para el desgastado crédito del mandatario brasileño, que cumple en breve cinco meses de mandato. Sus acólitos querían mostrar músculo 11 días después de que decenas de miles de estudiantes escenificasen la primera gran protesta contra el Ejecutivo liderado por el antiguo capitán de la reserva.
Y lo consiguieron. Los seguidores de Bolsonaro poblaron más de 150 ciudades en 26 estados del país enarbolando banderas de Brasil, ataviados con camisetas de su selección de fútbol y mostrando mensajes contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente encarcelado por corrupción y símbolo de la izquierda brasileña.
«Se trató de una manifestación espontánea en la que nadie protagonizó las movilizaciones. Vino del corazón del pueblo. ¿Cuántos edificios damnificados hubo? Ninguno. ¿Autos quemados? Ninguno», reivindicó el jefe de Estado brasileño, en una entrevista con el canal TV Record.
En las principales ciudades del país salieron cientos a la calle para respaldar al polémico dirigente, quien ha sido criticado por sus declaraciones homófobas, machistas y racistas.
Rio de Janeiro, uno de sus grandes bastiones electorales donde inició su carrera política, Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte y el sur del país congregaron a miles de seguidores de Bolsonaro. El éxito de estas concentraciones sucedió a pesar de que los partidos conservadores decidiesen no participar.
Incluso la propia sigla con la que Bolsonaro armó su victoriosa candidatura presidencial, el Partido Social Liberal (PSL), se quedó oficialmente fuera de estas protestas, en las que sí figuraban pequeños grupos vinculados a la derecha y a la extrema derecha.
Las movilizaciones se consideraron una manera de presión popular contra el Congreso brasileño, que tienen pendiente de tramitar la reforma clave del Gobierno de Bolsonaro, la de las pensiones, y contra el poder judicial, que debe avalar ciertos cambios legislativos, como el decreto que amplía el derecho de porte de armas.
«Yo no quiero pelearme con el Parlamento y creo que el Parlamento tampoco quiere pelearse conmigo. Antiguamente, el nuevo presidente distribuía ministerios a partidos políticos (a cambio de apoyo). Pero eso se acabó», refirió Bolsonaro en la misma entrevista.
En un Congreso tan fragmentado, el Ejecutivo necesita pactar con diferentes fuerzas para lograr aprobar su reforma más perentoria: la de las pensiones.
«Los propios diputados e incluso los gobernadores regionales de izquierda saben que la reforma es indispensable, aunque reconozco que no se trata de un texto fácil del agrado de todos. Pero si no enfrentamos esa situación podemos sucumbir», alertó Bolsonaro.
Este texto prevé un sustancial ahorro en los gastos públicos de la próxima década colocando un tope para las pensiones financiadas por el Estado.
Otro de los proyectos que los seguidores del presidente pidieron que se aprobara rápidamente fue el del plan anti-crimen del ministro de Justicia, Sergio Moro, el antiguo juez que lideró las investigaciones del mega caso de corrupción «Lava Jato» que llevó a Lula da Silva a prisión.
Las movilizaciones del domingo dieron un balón de oxígeno al mandatario en un momento de baja popularidad.
A finales de abril, la tasa de aprobación del Gobierno de Bolsonaro se situaba en un 35 %, frente a un 31 % que lo consideraba regular y un 27 % que lo calificaba de «pésimo», de acuerdo con el Instituto Ibope.